DESARROLLO. El país comienza a evaluar qué combinación de instrumentos -bonos verdes, mercados de carbono, deuda por naturaleza o financiamiento combinado- se ajusta mejor a su realidad territorial, institucional y fiscal.
Karina Vargas Alba
Buscar financiamiento climático ya no pasa solo por movilizar recursos, sino por definir cómo utilizarlos estratégicamente y bajo qué arquitectura institucional, regulatoria y territorial se canalizarán. Bolivia busca construir un marco legal para el financiamiento verde y la siguiente etapa será construir una estructura robusta, creíble y adaptada a su contexto económico, político y ambiental, donde el financiamiento climático debe ser parte de las políticas públicas y un mecanismo que garantice la conservación.
Esas fueron parte de las conclusiones del foro “Desbloqueando financiamiento para la nueva agenda forestal de Bolivia”, que durante dos jornadas permitió el intercambio con expertos, organismos multilaterales y cooperantes internacionales en Santa Cruz. De esta forma, el Gobierno y diversos actores cumplieron una primera etapa de exploración técnica sobre las opciones financiamiento climático y ahora avanzan hacia la construcción del marco normativo.
“Tenemos un buffet de opciones”, resumió France Seymour, de Woodwell Climate, al comparar el abanico de mecanismos presentados con una mesa donde primero se debe observar todo antes de decidir qué escoger. Su recomendación a autoridades nacionales, legisladores y líderes territoriales fue que se tomen el tiempo necesario para evaluar con cuidado las alternativas antes de definir una ruta.
Opciones ya probadas
Durante el segundo día del encuentro, se conoció cómo funcionan los principales mecanismos de financiamiento climático aplicados en países vecinos como Brasil, Perú o Chile, además de algunas experiencias que ya avanzan en el país, como la del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)
Marcelo Arroyo, especialista en Finanzas Sostenibles del PNUD Bolivia, expuso los aprendizajes globales en el uso de bonos temáticos y explicó que instrumentos como los bonos verdes soberanos, los canjes de deuda por naturaleza y las estructuras de financiamiento combinado, pueden ampliar el espacio fiscal del Estado y movilizar capital privado hacia sectores estratégicos como la restauración de ecosistemas, infraestructura resiliente y bioeconomía forestal.
Enfatizó que estos mecanismos no deben verse solo como herramientas de captación de recursos, sino como instrumentos de política pública capaces de ordenar inversiones, reducir riesgos y acelerar la transición hacia actividades productivas bajas en carbono.
A ello se sumaron presentaciones sobre programas de carbono de alta integridad, donde se explicó qué condiciones deben cumplir los países para acceder a mercados de carbono con soberanía nacional y coherencia con sus compromisos climáticos.
La conclusión transversal fue que no existe un instrumento único ni una fórmula universal: cada país debe construir una combinación propia en función de su institucionalidad, su situación fiscal, sus activos naturales y sus prioridades de desarrollo.
Bolivia no parte de cero
Uno de los mensajes recurrentes del cierre fue que Bolivia cuenta con avances institucionales y técnicos sobre los cuales puede construir su estrategia. Milagros Sandoval, de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, sostuvo que el país ya tiene “los ingredientes servidos en la mesa” para avanzar, al destacar que existen procesos de gobernanza local, participación territorial y herramientas técnicas previamente desarrolladas que pueden ser reorientadas hacia esta nueva agenda.
Esa base incluye también avances dentro del sistema financiero nacional. En uno de los paneles, el BDP destacó la emisión de los primeros bonos verdes del mercado boliviano, por 102,9 millones de bolivianos en 2023, así como su acreditación ante el Fondo Verde para el Clima, el principal fondo climático global.
El gerente general del BDP, Jorge Alberto Vargas, explicó que las iniciativas financiadas mediante sus instrumentos verdes han contribuido a mitigar más de 15.849 toneladas de CO₂, ahorrar 115.445 megavatios de energía al año, reducir en 460.743 metros cúbicos el consumo anual de agua y reciclar cerca de 500 toneladas de residuos.
Para la entidad, estos indicadores demuestran que el financiamiento sostenible ya puede generar impactos medibles en la transición hacia una economía baja en carbono dentro del país.
Conservación primero, ingresos después
En el cierre del encuentro, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Jorge Ávila, insistió en que el financiamiento climático no debe entenderse únicamente como una oportunidad económica.
“Lo más importante de estos esquemas de financiamiento climático es la necesidad de conservar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales; la generación de dinero o de economía debe venir de manera accesoria”, afirmó.
El viceministro sostuvo que esa es la línea en la que el Ejecutivo pretende avanzar: priorizar la protección ambiental y utilizar el financiamiento como herramienta para impulsar conservación, restauración y desarrollo sostenible.
En el cierre también estuvo un grupo de legisladores, quienes tendrán que evaluar el futuro proyecto de ley. La senadora Ana María Crispín, presidenta de la Comisión de Economía Plural y Producción de la Cámara Alta, señaló que estos espacios serán clave para preparar el trabajo legislativo que eventualmente acompañará la construcción de una normativa sobre financiamiento climático, en un proceso que requerirá traducir los lineamientos técnicos y estratégicos en marcos regulatorios concretos, además de impulsar procesos de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.
Una decisión estratégica
La etapa que se abre ahora será decisiva. Bolivia debe definir no solo qué instrumentos priorizará, sino también cómo los integrará en una estrategia de largo plazo que combine conservación, generación de ingresos, fortalecimiento territorial y desarrollo productivo.
El consenso de los participantes fue que el país tiene una oportunidad inédita para insertarse en la nueva arquitectura global del financiamiento climático, pero que su éxito dependerá de evitar improvisaciones y avanzar con gradualidad, visión estratégica y adaptación al contexto nacional, además de responder a las exigencias de trazabilidad, gobernanza y participación de las comunidades, entre otras.
Siguiendo con la analogía de los expositores, el menú está servido. El siguiente paso será escoger con precisión qué combinación de herramientas puede convertir el potencial climático y forestal de Bolivia en resultados tangibles para su economía, sus territorios y sus bosques.
