DESARROLLO. El Gobierno impulsa una hoja de ruta para acceder a inversiones vinculadas a bosques, carbono y bioeconomía, en un escenario donde los financiadores internacionales priorizan trazabilidad, seguridad jurídica, monitoreo robusto y participación efectiva de comunidades locales.
Karina Vargas Alba
Bolivia inició en Santa Cruz un proceso de diálogo de alto nivel para diseñar un marco normativo que le permita estructurar su acceso al financiamiento climático y definir qué mecanismos se ajustan mejor a sus condiciones territoriales, institucionales y productivas. El espacio es una apuesta del Gobierno y se vincula con su visión de convertir la biodiversidad y los bosques en motores de una nueva economía sostenible.
El encuentro, impulsado por el Ejecutivo nacional con apoyo de organismos multilaterales y países cooperantes, busca sentar las bases de una hoja de ruta que permita ordenar la agenda climática nacional, atraer inversión y dar seguridad jurídica a potenciales financiadores interesados en proyectos vinculados a bosques, bioeconomía y desarrollo productivo sostenible.
El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, sostuvo que el país debe dejar atrás el paradigma extractivista tradicional para avanzar hacia un nuevo modelo económico basado en regeneración productiva y valorización sostenible de sus recursos naturales. “Tenemos que cambiar ese pensamiento de tener un modelo extractivista a tener un modelo de regeneración productiva”, afirmó, al defender que los bosques, la biodiversidad y las cadenas de valor sostenibles deben convertirse en pilares del desarrollo económico boliviano.
Justiniano remarcó que sectores como la agroforestería, la agricultura sostenible, los productos forestales no maderables y la bioeconomía pueden generar valor agregado, empleo e ingresos, al tiempo que reducen la presión sobre los ecosistemas y fortalecen la resiliencia territorial.
Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, subrayó que la agenda climática y forestal fue incorporada como parte estructural del nuevo modelo de desarrollo del país, bajo el eje de una “Bolivia verde y sostenible”. Según explicó, la meta es construir un crecimiento económico compatible con conservación ambiental, financiamiento climático y sostenibilidad de largo plazo.
Ambas autoridades reiteraron que una de las premisas del Gobierno es el cuidado del medio ambiente y el respeto de las comunidades que viven en zonas que potencialmente pueden ser parte de proyectos de financiamiento climático.
Un ecosistema financiero en expansión
Actualmente los instrumentos de financiamiento climático a nivel global se están expandiendo y van evolucionando. Hoy, el ecosistema incluye esquemas de pago por resultados, en los que los países reciben recursos tras demostrar reducciones verificables de deforestación; mercados de carbono, donde gobiernos o actores privados comercializan créditos asociados a captura o conservación de carbono bajo estándares internacionales; y herramientas financieras más amplias como bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza, fondos de conservación y financiamiento combinado para bioeconomía.
Cada instrumento responde a requisitos y condiciones diferentes, pero todos convergen en las mismas exigencias: demostrar integridad ambiental, transparencia institucional y capacidad de ejecución territorial.
Bolivia -que cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques- tiene un gran potencial, pero debe establecer un marco legal y eso pasa por definir qué combinación de herramientas resulta más viable para su contexto.
Qué opciones están sobre la mesa
Durante la primera jornada del encuentro, diferentes organismos internacionales explicaron cómo operan y qué condiciones exigen a los países. Entre los mecanismos analizados figura el modelo REDD+ jurisdiccional, mediante el cual un país o gobierno subnacional recibe pagos por demostrar reducciones verificables de deforestación respecto a una línea base histórica. Países como Guyana, Costa Rica, Ecuador y Brasil ya han avanzado con esquemas de este tipo.
También se discutieron oportunidades en mercados emergentes de créditos de carbono de alta integridad, vinculados a estándares internacionales cada vez más exigentes, así como instrumentos de deuda soberana verde y fondos de financiamiento para conservación forestal.
Andrés Espejo, especialista del Banco Mundial, explicó que los mercados forestales están migrando desde proyectos aislados hacia enfoques jurisdiccionales o nacionales, donde los gobiernos lideran la contabilidad, certificación y distribución de beneficios. Según indicó, estos esquemas permiten alcanzar mayor escala, reducir costos de transacción y generar impactos más estructurales.
Los mínimos para entrar al mercado
Más allá de las oportunidades, el consenso entre cooperantes, organismos multilaterales y expertos es que el acceso al financiamiento climático exige condiciones habilitantes que Bolivia aún debe consolidar.
Entre los principales requisitos están: contar con sistemas robustos de monitoreo, reporte y verificación ambiental; mecanismos de trazabilidad territorial sobre el origen de créditos o resultados ambientales; seguridad jurídica sobre derechos de uso de la tierra y tenencia; salvaguardas sociales y ambientales; y mecanismos claros de participación y distribución de beneficios para pueblos indígenas y comunidades locales.
Karine Hertzberg, del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega, enfatizó que la demanda internacional se concentra cada vez más en créditos y mecanismos de “alta integridad”, lo que obliga a los países a demostrar no solo resultados ambientales, sino también gobernanza, transparencia y participación territorial efectiva. “Si no se sabe dónde y por qué hay deforestación, no se puede combatirla”, afirmó al destacar la importancia de sistemas sólidos de monitoreo forestal.
Oportunidades pero con salvaguardas
Los mercados de carbono y otros mecanismos de financiamiento forestal se estructuran hoy en varios niveles. En los mercados voluntarios, las empresas compran créditos generados por proyectos de conservación o captura de carbono para compensar emisiones de manera no obligatoria.
En paralelo, crecen los esquemas jurisdiccionales o soberanos, donde los gobiernos certifican reducciones de emisiones a escala territorial o nacional -por ejemplo, por menor deforestación- y acceden a pagos por resultados o comercialización de créditos, en algunos casos vinculados a sus compromisos climáticos nacionales (NDC).
explicó que la hoja de ruta internacional para financiamiento forestal estima que solo los créditos jurisdiccionales de alta integridad podrían movilizar entre 3.000 y 6.000 millones de dólares, mientras que la bioeconomía forestal sostenible tendría potencial para atraer 15.000 millones y las cadenas de valor sostenibles otros 10.000 millones adicionales a escala global.
El desafío boliviano
Uno de los principales desafíos para Bolivia será adaptar estos instrumentos a una realidad interna marcada por tensiones sobre uso del suelo, conflictos de tenencia de tierra, presión por ampliación de frontera agrícola y debilidad en la gobernanza territorial.
El debate también puso sobre la mesa uno de los factores que más condicionará la credibilidad del país ante potenciales financiadores: la persistencia de la deforestación ilegal. “Nuestro mayor problema es la deforestación ilegal. No hablamos de aquella que ocurre en suelos aptos para producción, sino de la deforestación abusiva y arbitraria en tierras de vocación forestal”, afirmó el viceministro de Biodiversidad y Cambio Climático, Jorge Ávila, al remarcar que reducir esa presión será indispensable para que Bolivia pueda posicionarse como un destino confiable para inversiones climáticas.
El Gobierno, a través de las diferentes autoridades, reconoció que la discusión sobre financiamiento climático no puede separarse de temas estructurales como el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica y la necesidad de fortalecer capacidades de gobiernos subnacionales y actores locales.
En ese marco, la construcción de un marco normativo no solo busca habilitar el acceso a capital climático, sino también ordenar las reglas bajo las cuales Bolivia definirá qué activos ambientales monetizar, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.
La discusión de fondo, por tanto, no es únicamente cuánto financiamiento puede captar el país, sino qué modelo le permitirá convertir su biodiversidad y riqueza forestal en una ventaja competitiva dentro de una estrategia de desarrollo sostenible que respete el medio ambiente, a la naturaleza y a las comunidades de los diferentes territorios.
