PRONUNCIAMIENTO. Entre las exigencias está una nueva ley del agua, la derogación de las normas «incendiarias» y rechazo a los bonos de carbono.
Los pueblos indígenas, comunidades campesinas, naciones originarias y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en Santa Cruz en un foro nacional sobre tierra, territorio y medio ambiente, se declararon en alerta y presentaron este martes un manifiesto dirigido a los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, cuya principal exigencia es que no se individualice la propiedad colectiva de la tierra, tal como plantearon algunos postulantes.
«¡Nuestra madre tierra no está en venta!», proclamaron al cierre del Foro por la Tierra-Territorio y Medio Ambiente, realizado en Santa Cruz durante dos días de intensas deliberaciones.
El documento, titulado «Compromiso de todos en defensa de la vida», es el resultado de profundas reflexiones y análisis sobre la situación de las tierras colectivas y la crisis ambiental que atraviesa el país. Las organizaciones fueron enfáticas: no aceptarán retrocesos ni promesas vacías, y advirtieron que el respeto a la Constitución, la defensa del territorio colectivo y el fortalecimiento del Estado Plurinacional no son negociables.
Tanto Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) como Rodrigo Paz (PDC) fueron invitados a participar del evento, para escuchar las demandas sectoriales, sin embargo, ninguno asistió. Sin embargo, este segundo envió a Santiago Terceros, vocero departamental del PDC, quien recibió el documento, que fue firmado por los asistentes.
Ejes del documento
Uno de los ejes centrales del manifiesto es el rechazo rotundo a las propuestas de individualización de territorios colectivos que algunos candidatos han planteado durante la campaña electoral, agregando que para los pueblos indígenas y campesinos, el territorio no es simplemente tierra ni un título de propiedad, sino su «Casa Grande», un espacio de vida que representa el presente y futuro de sus pueblos.
El manifiesto agrupa sus exigencias en dos grandes bloques temáticos: Tierra-Territorio y Medio Ambiente. En materia territorial, las organizaciones exigen la titulación colectiva de territorios indígenas que aún están pendientes, en función de la demanda histórica y los Estudios de Necesidades Espaciales que determinaron la cantidad de tierra necesaria para la pervivencia de los pueblos indígenas. Además, demandan el inicio de una auditoría al INRA y la ABT ante las irregularidades presentadas en el proceso de distribución de tierras fiscales desde el año 2014 y los permisos otorgados para asentamientos en territorios indígenas.
Las comunidades denuncian el avasallamiento de tierras por actores económicos que incursionan de manera ilegal a sus territorios y exigen al nuevo gobierno la aplicación de la Constitución Política del Estado y las leyes agrarias que otorgan seguridad jurídica a los territorios colectivos. También demandan el fortalecimiento a los sistemas de vida, la producción, la alimentación y la medicina tradicional con políticas y fondos públicos, sin intermediación ni burocracias que se prestan a estrategias de clientelismo.
Medio Ambiente
En el ámbito ambiental, las organizaciones exigen la prohibición de semillas transgénicas y tecnologías de organismos genéticamente modificados, rechazando la promoción de transgénicos, agrotóxicos y monocultivos impulsados por el agronegocio. Se oponen categóricamente a la minería en territorios indígenas, comunidades campesinas, áreas protegidas y ecosistemas sensibles como las áreas de recarga hídrica, por los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que generan.
El manifiesto también plantea la necesidad de una nueva Ley de Aguas con enfoque de derechos, territorialidad indígena y gestión comunitaria, garantizando el uso prioritario del agua para la vida. Exhortan a la protección de zonas de recarga hídrica, curichis, ríos, lagunas, bofedales, bosques generadores de agua y sitios RAMSAR, rechazando proyectos de infraestructura o actividades extractivas que los afecten.
Entre las demandas más urgentes está la abrogación del paquete de normas que califican como «incendiarias» y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Agroambiental en materia de medio ambiente. Además, exigen la implementación inmediata de la estrategia nacional de agroecología que fomente la creación de bancos de semillas nativas y fortalezca los sistemas alimentarios sostenibles. Las organizaciones también rechazan los bonos de carbono por considerar que fomentan la mercantilización de la naturaleza y atentan contra la soberanía territorial y los derechos de pueblos indígenas.
Un punto crítico del documento es el rechazo al uso y comercialización del mercurio, así como la explotación de minerales críticos y tierras raras por los impactos que producen en los territorios y en los cuerpos de quienes están expuestos. Por ello, exigen atención y resarcimiento a los pueblos indígenas y comunidades campesinas afectadas en su salud y medios de vida por la presencia de metales pesados.
El documento denuncia que, a pesar de tener regularizados sus derechos y titulados los territorios, el mismo Estado «nos arrebata y despoja a título de desarrollo, otorgando derechos a terceros y permisos al extractivismo en todas sus formas, sobre los derechos territoriales y ambientales conquistados en largas y sendas luchas libradas por nuestros ancestros, abuelos y abuelas».
Las organizaciones firmantes reivindican la independencia de sus estructuras matrices y exigen un diálogo transparente respetando sus canales de representación orgánicos. Rechazan tajantemente la cooptación de sus dirigencias y la intermediación sin respeto ni consulta a las bases.
El mensaje final a los candidatos es inequívoco: «Quien aspire a gobernar Bolivia debe escuchar con seriedad y responder con hechos. Aquí se juega el futuro de los pueblos y de Bolivia entera».
