San Lorenzo, el río que respira bajo el cemento y que hoy puede hacer historia en la justicia ambiental

En la Chiquitanía, donde el sol cae como un peso antiguo sobre la tierra rojiza y los vientos arrastran aromas de madera quemada y pasto seco, los ríos son más que agua. Son las venas que sostienen la vida en territorios que parecen, a simple vista, interminablemente verdes, pero que conocen la fragilidad mejor que nadie.

San Lorenzo era uno de esos ríos delgados pero constantes, uno que no hacía ruido, pero que acompañaba la historia de cinco comunidades chiquitanas, alimentaba sus cultivos, refrescaba a los niños, y era la ruta de los peces y la sombra de los árboles en verano. Un río que, como todos, solo pedía seguir su camino.

Sin embargo, un día ese camino fue detenido, y atrapado en el gris del cemento. Ese día, el río dejó de llegar a las comunidades. El silencio fue primero una sospecha, luego una certeza. El San Lorenzo había sido encajonado entre muros de cemento dentro de la hacienda San Lorenzo, en plena TCO Turubó Este.

“Es como si le hubieran puesto un candado al agua”, diría más tarde una comunaria.

El propietario de la hacienda, Andrés Maggy, construyó represas, desvió el flujo natural del río, colocó cañerías internas y levantó un muro que detenía el caudal para beneficio propio. Su ganado bebía abundante agua embalsada. Las comunidades, no. Desde ese momento, el río San Lorenzo se convirtió en un San Lorenzo truncado. Un río al que le robaron el movimiento.

Ahora, tras una década de perjuicios, el caso ha llegado a un punto decisivo: la sentencia, anunciada para este 27 de noviembre de 2025, en el Juzgado Agroambiental de Roboré, podría reconocer, en términos prácticos y judiciales, que los ríos son sujetos de derecho en Bolivia.

Cuando el agua dejó de llegar

Las comunidades de Ipias, Buena Vista, La Ramada, San Juan y Entre Ríos empezaron a sentir antes de entender. Primero fue un rumor: El agua bajaba más delgada, más tibia, más lenta. Después, llegó la sequedad. El río venía sucio, casi detenido. Los peces morían. Los cultivos no alcanzaban. Los pozos se agotaban más rápido de lo habitual.

Y entonces arribó la vergüenza: Comprar agua. Hacer filas para que una cisterna municipal les dejara, “como si fueran mendigos”, un poco del recurso que siempre había sido suyo.

“Nosotros muriendo de agua… y esperando como mendigos que la Alcaldía nos dé un poquito para vivir”, dijo una dirigente indígena en una audiencia. Su voz tenía esa mezcla entre rabia y cansancio que solo se forma con los años. La gente se quedó en silencio, todos sabían que era verdad.

Durante mucho tiempo, las comunidades culparon al clima. ¿Quién podría pensar otra cosa? El Chaco y la Chiquitanía se habían vuelto territorios castigados por incendios voraces, sequías interminables, humo que llegaba hasta las hamacas. Pensaron que era el destino, o la mala suerte, o el castigo de una naturaleza que ya no podía más.

Hasta que un día se animaron a mirar más arriba.

Los ríos como sujetos de derecho

En Bolivia, donde los pueblos indígenas mantienen desde tiempos inmemoriales una relación espiritual con el agua, el río San Lorenzo es más que un cauce. Sin embargo, su corriente fue “encajonada” como si tuviera dueño. Un hacendado creyó que su ganado valía más que las comunidades. Y esto dio origen a una lucha que hoy intenta sentar un precedente para el país.

Las comunidades que conforman la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, se unieron en un reclamo histórico: Liberen al río San Lorenzo.

El caso recae en el Juzgado Agroambiental de las provincias Germán Busch y Chiquitos, con asiento en Roboré, a cargo del juez Álvaro Tórrez, quien deberá decidir si en Bolivia los ríos son realmente sujetos de derechos, como proclaman las leyes y como exigen las comunidades.

Los afectados esperan que el juez ordene no solo la restauración del ecosistema y la eliminación de las infraestructuras que “aprisionaron” el curso del agua, sino también una compensación de 16 millones de bolivianos.

Para el abogado ambientalista Rodrigo Herrera, “se debe hacer justicia y sentar un precedente de que los ríos son sujetos de derecho y no pueden ser violentados en su curso ni en su uso”.

Un daño silencioso

La historia se remonta a 2014, cuando -sin ficha ambiental, sin autorización estatal y sin consulta previa- se instalaron represas y un sistema de riego dentro de la hacienda privada. Diez años después, recién se formalizó la demanda.

Los derechos protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral y diversas normativas destinadas a resguardar el fluir natural de los ríos, fueron vulnerados.

En agosto de 2024, el cacique de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado Perrogón, presentó la demanda ante el juzgado agroambiental de Roboré. Desde entonces, comenzó un litigio lleno de obstáculos.

Lo que encontraron

El hallazgo fue brutal: el río San Lorenzo estaba truncado. Lo habían convertido en una represa privada, dentro de una hacienda. Un muro de concreto cortaba el curso natural del agua. Cañerías conducían el líquido lejos de su cauce original. Y el molino instalado adentro funcionaba con la fuerza de un río que ya no pertenecía a quienes vivían río abajo.

El propietario de la hacienda San Lorenzo, Andrés Maggy, había decidido intervenir el curso del río sin autorización, sin ficha ambiental, sin consulta a las comunidades y sin derecho alguno.

A partir de ahí, la historia cambió para siempre.

La demanda que nació del cansancio

Diez años después de la intervención, el cacique de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado Perrogón, presentó una demanda ante el Juzgado Agroambiental de Roboré. No era una acción más. Era el inicio de una lucha nueva, colectiva, rabiosa, que unió a cinco comunidades bajo un mismo reclamo: Liberen el río.

El proceso fue largo, lleno de audiencias suspendidas, idas y venidas, discusiones técnicas, negaciones del propietario y su abogado, y una paciencia que solo quienes dependen de la naturaleza para sobrevivir pueden sostener.

Pero hubo un día clave: la inspección técnica del 9 de octubre de 2024, que permitió detectar el muro, la represa, los restos de intervención, el molino y el recorrido del agua alterado por tuberías largas como serpientes.

Las evidencias estaban. Aun así, el representante legal de la hacienda negó todo. Negó el muro. Negó la represa. Negó que hubiera desvío. Negó que hubiera daño. Negó incluso la falta de agua en las comunidades. Sin embargo, quedó claro que la infraestructura instalada cortaba el curso del río.

Un muro de concreto detenía y  “embalsamaba” el agua. La desviación alimentaba molinos y cañerías que conducían el recurso hídrico hasta seis kilómetros hacia adentro de la hacienda para abastecer al ganado.

Los comunarios tenían fotos, registros, videos. Pero el propietario, a través de su abogado Juan Carlos Prado, lo negó. Insistió incluso que la Autoridad Boliviana de Tierras (ABT), la Gobernación y el Servicio de Encauzamiento de Ríos (SEARPI) no certificaron afectaciones en el río San Lorenzo.

La pericia ambiental: el punto de quiebre

La ingeniera ambiental Carla Patricia Álvarez, nombrada de una terna seleccionada por el juez, elaboró una pericia técnica determinante. Prado pidió que se la rechace. Alegó falta de objetividad. Pero para el abogado Herrera, el informe cumplía con todos los requisitos solicitados por el juzgado.

El 8 de octubre, en audiencia, el juez Torrez validó la pericia como prueba contundente de la intervención y afectación al río San Lorenzo. Hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera la sentencia que podría marcar un antes y un después en la justicia ambiental boliviana.

La voz de los afectados

Antes de entrar a una audiencia, una dirigente indígena expresó su indignación:

“Nosotros muriendo de sed. No, no es justo”.

La voz quebrada de la mujer resumía una década de angustia. Porque las comunidades creían que la sequía era solo consecuencia de los incendios y del cambio climático. No imaginaban que el agua estaba siendo deliberadamente retenida.

“Lo caciques siempre hemos estado firmes y no nos vamos a rendir hasta que liberen las aguas del río San Lorenzo”, dijo el cacique Esmin Parabá, recordando viajes interminables desde su comunidad para llegar a Roboré cada vez que había audiencia.

En la TCO Turubó Este, la gente no solo caminó para defender el agua, sino también su memoria y un vínculo entre generaciones. El cacique Lisandro Tomichâ lo expresó con claridad: “Nacimos y crecimos con nuestros ríos y vamos a reclamar sus derechos”.

Incendios, sequías y la ley

En la Chiquitania, los incendios forestales, la deforestación y las sequías están entrelazados. Pero en este caso, la falta total de agua era un síntoma más profundo: el río estaba literalmente encerrado.

Las medidas correctivas recomendadas nunca fueron aplicadas por el propietario de la hacienda. Aun así, las comunidades siguieron insistiendo.

En cada audiencia, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera repitió el artículo 376 de la Constitución Política el Estado, el que declara que los ríos, lagos y lagunas son recursos estratégicos para la soberanía del país, y que el Estado debe evitar toda acción que dañe sus ecosistemas, preservando sus caudales para el bienestar de la población.

Pero Herrera fue más allá: habló de los ríos como sujetos de derecho. Con derecho a existir, a fluir, regenerarse, a no ser dañados, a mantener la calidad de sus aguas, a conservar su cuenca.

Nueva Zelanda, India y Colombia ya han reconocido legalmente a algunos de sus ríos como seres vivos con derechos. Si el río San Lorenzo gana este juicio, Bolivia podría sumarse a esa lista.

Liberar a un río

Herrera lo explicó así: “El daño no solo es a estas comunidades. Es a Santa Cruz. Es al sistema del río Paraguay. Es a la cuenca del Plata. Un río no es una línea de agua: Es un organismo que conecta territorios”.

En su planteamiento, liberar al San Lorenzo era, de alguna forma, liberar también una parte del país. Y respetar los principios esenciales del “río como sujeto de derecho” que, además de ser compatibles con la legislación boliviana, están alineados con nuevas corrientes globales de justicia ecológica.

La sentencia que dicte el juez deberá considerar todas las pruebas: las documentales, las periciales, las fotografías, los testimonios y las inspecciones oculares.

El río San Lorenzo forma parte de la cuenca del río Paraguay y del cistema del Río de la Plata, que conecta a Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Su afectación no es un hecho local, sino parte de un sistema continental.

Herrera lo destacó así: “El daño no solo es a las comunidades de la TCO, sino a Santa Cruz y al sistema de agua del río de la Plata”.

Otra batalla: El desconocimiento urbano

El abogado lamentó la distancia cultural entre quienes viven en las ciudades y quienes viven en comunidades indígenas. “Este chorrito de agua en las comunidades, es también parte del agua que se interconecta en otros territorios… La calidad de vida de las capitales depende de los ciclos hídricos en áreas de reservas naturales”.

Mientras el caso avanzaba, los jóvenes de ciudades comenzaron a interesarse en el juicio. Quizá porque ya habían visto demasiadas noticias sobre incendios en la Chiquitanía, o porque, como dice Herrera, las nuevas generaciones comprenden mejor que sus abuelos que la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una presencia diaria.

“El agua que llega a las capitales depende de los ciclos hídricos en áreas naturales”, insistió el abogado. “Este chorrito aquí sostiene a miles más allá”.

El movimiento avanza, así como la conciencia de que los ríos son patrimonio colectivo, no propiedad privada.