ENCUENTRO. Delegados de diversas organizaciones analizaron la situación actual del monitoreo territorial indígena en sus territorios.
El IV Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas concluyó con una declaración que identifica a los mercados de carbono y a la explotación de tierras raras como nuevas amenazas del modelo de desarrollo extractivo. El documento se emitió luego de tres días de intenso trabajo de campo, debate e intercambio de experiencias en el control y vigilancia de su territorio para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos,
El encuentro, desarrollado en la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae del departamento de Santa Cruz, reunió a monitores territoriales indígenas y dirigentes de Charagua Iyambae, Lomerío, Monte Verde, TIM, TIMI, Movima, Cavineño, Chácobo Pacahuara, Tacana Cavineño y Multiétnico II.
Bajo el lema “Frente a las amenazas y presiones, soberanía, control y vigilancia territorial”, mujeres y hombres indígenas monitores analizaron el estado de situación del Monitoreo Territorial Indígena de sus territorios, el contexto electoral y sus implicancias para los territorios indígenas.
Los mercados de carbono y el interés sobre la exploración y explotación de tierras raras, además de los impactos de obras de infraestructura en las comunidades guaraníes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte, fueron identificados como nuevas amenazas, entre otros factores, por lo que consideraron necesario el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y orgánicas en su rol como monitores territoriales indígenas en la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía.
Aprendizaje
El mburuvicha de Charagua Norte, Carlos Sánchez, destacó que el encuentro desarrollado con el apoyo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) fue un espacio para que desde los territorios se puedan tomar las mejores decisiones a favor de los pueblos indígenas y evitar que las autoridades firmen compromisos contrarios a sus intereses.
“Es importante el aprendizaje que van adquiriendo nuestros jóvenes. Se necesitan los monitores porque son el brazo derecho de las autoridades, porque (las empresas) violan los derechos de los pueblos indígenas, y deben estar presentes en las diferentes reuniones para salir a corregir a las autoridades, que firman cosas que no deben firmar porque no tienen ese conocimiento técnico”, dijo.
Denunció la presencia de empresas extranjeras en territorios indígenas interesadas en los bonos de carbono. “En los últimos dos años llegaron cinco empresas interesadas en comprar bonos de carbono (…). Cuando firman las autoridades (indígenas) que venden los recursos naturales, ustedes deben estar preparados”, comentó, dirigiéndose a las y los monitores.
Mercados de carbono
Por su parte, el director del CEJIS, Miguel Vargas, advirtió que el tema de los mercados de carbono viene de manera recurrente y es necesario analizarlo en estos espacios, ya que exige tomar acciones más concretas a nivel técnico, político, nacional e internacional.
Vargas dijo que el CEJIS estará dispuesto a acompañar esos procesos, fundamentalmente desde el asesoramiento técnico y sin cuestionar las decisiones que asuman los pueblos indígenas. Afirmó que debe haber la voluntad de transparentar cualquier convenio y «hacer una valoración de si se cumplen o no los compromisos de las empresas para entrar a esos territorios”.
Recordó que desde junio y octubre de 2024 y marzo de este año hay un marco normativo vigente, un decreto supremo y una resolución ministerial, que establece una estructura institucional para el desarrollo de los mercados de carbono en Bolivia, por lo que es necesario desde los pueblos indígenas hacer llegar propuestas normativas para que se cumplan sus derechos.
“Una de las características es que no se considera la participación de los pueblos indígenas. Frente a eso, se sistematizan las lecciones y se elaboran propuestas normativas para presentarlas ante las instancias que están promoviendo (la compra de los bonos de carbono); y ahí asumimos el reto de acompañar a las organizaciones indígenas para elaborar propuestas que permitan adoptar esos estándares”, sostuvo.
El director del CEJIS mencionó que el Acuerdo de Escazú establece el compromiso de los Estados en materia climática, lo que significa que deben garantizar la participación de los pueblos indígenas y la consulta previa libre e informada.
Exigen consulta previa
En el pronunciamiento emanado del IV Encuentro, las y los monitores territoriales indígenas reafirmaron su compromiso con la vida, los territorios, el medioambiente, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía territorial y el Estado Plurinacional.
Exigieron el respeto al logro del Estado Plurinacional que costó marchas, luchas y vidas de los abuelos y padres, además de denunciar y repudiar a los actores políticos que desconocen los territorios colectivos y las TCO. Lamentaron que los derechos de los pueblos indígenas y las garantías para su ejercicio no se encuentren contemplados en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, por lo cual se declararon «en alerta y movilización permanente».
Además, exigieron que el Estado y sus diferentes niveles de gobierno apliquen la consulta previa libre e informada en los proyectos vinculados a los mercados de carbono y a la exploración y explotación de las llamadas tierras raras, debido a que el Gobierno ya comprometió su prospección y exploración sin haber cumplido sus responsabilidades con las naciones indígenas.
Solicitaron a las instituciones de apoyo de la sociedad civil, como el CEJIS, continuar con el acompañamiento para consolidar el Monitoreo Territorial Indígena en sus territorios. Convocaron a todos los monitores territoriales indígenas a continuar su tarea de servicio a favor de sus territorios y comunidades y a participar de forma activa en todas las acciones de monitoreo y compartirlas en el encuentro que se realizará en 2026.
La declaración fue firmada por monitores de la Capitanía Charagua Norte (APG), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Organización de Mujeres Indígenas Monkoxi de Lomerío (OMIML), la Central Indígena Paikoneka San Javier (CIP-SJ), la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM, la Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano (TIMI), la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Indígenas Movima (SMIM), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), la Organización Territorial del Multiétnico II.
