DEMANDAS. Advirtieron que se pone en riesgo la biodiversidad y la salud de la población. Demandan acciones inmediatas a diferentes organismos de gobierno.
Ante los reiterados incendios forestales que afectan a Bolivia y el incumplimiento de disposiciones legales vigentes, colegios profesionales y colectivos ambientales expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las recientes decisiones estatales que -afirman- ponen en grave riesgo la biodiversidad, la salud de la población y la seguridad de los territorios.
Los Colegios de Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales y Biólogos, junto a los colectivos Alas Chiquitanas, Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca y la Organización Ñandé, exigieron el cumplimiento inmediato de la resolución del Tribunal Agroambiental y declaratoria de desastre; y restituir y hacer cumplir la pausa ecológica, entre otras medidas.
Estas instituciones se adherirán a la demanda ciudadana en Defensa de la Amazonía y el Chaco Boliviano contra los Incendios Forestales, que será tratada este viernes por la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
El impacto de los incendios
En las últimas dos décadas, el país ha vivido una escalada crítica de incendios, con 74,9 millones de hectáreas quemadas entre 2001 y 2023, de las cuales Santa Cruz y Beni concentran el 92 % de la superficie devastada.
En 2024 a esto se sumó el peor registro de la historia: 12,6 millones de hectáreas arrasadas, equivalentes a todo el territorio de Cuba. De esa cifra, 7,2 millones correspondieron a bosques, con pérdidas irreparables de biodiversidad, fuentes de agua y hábitats de especies endémicas, afirma el comunicado.
Además, estos incendios “han generado contaminación atmosférica severa, incrementando enfermedades respiratorias y afectando principalmente a niños, adultos mayores y población vulnerable. Comunidades indígenas y rurales han visto destruidos sus medios de vida, quedando en situación de emergencia humanitaria”, señala el comunicado.
Incumplimiento de normas
Los colectivos denunciaron que, pese a las disposiciones judiciales y normativas, el Gobierno levantó la pausa ecológica declarada en 2024 mediante el Decreto Supremo 5225, que suspendía las autorizaciones de quemas. En mayo de este año, un nuevo decreto y la Resolución Administrativa 064/2025 de la ABT habilitaron nuevamente el uso del fuego, incluso en época crítica de sequía.
Recordaron además que el Tribunal Agroambiental, mediante resolución emitida el 23 de abril, ordenó a seis entidades estatales coordinar en 48 horas la declaratoria de desastre en el Parque Noel Kempff Mercado. “Permitir que se queme una sola hectárea más (…) constituiría una omisión inexcusable y un daño irreparable al patrimonio natural de todos los bolivianos y de la humanidad”, advirtió entonces el Tribunal.
Sin embargo, hasta la fecha más de 60.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en este parque -declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco-, lo que constituye un “flagrante incumplimiento de la orden judicial y de la Ley 602 de Gestión de Riesgos”, señala el pronunciamiento.
Denuncias y exigencias
Los colectivos cuestionan la falta de transparencia en la gestión de la emergencia, el abandono a brigadas y guardaparques que trabajan sin condiciones dignas, y la permisividad institucional que ha facilitado incendios provocados. También critican la ausencia de información pública respecto al destino de los recursos asignados para combatir el fuego.
En ese marco, exigen lo siguiente: cumplimiento inmediato de la resolución del Tribunal Agroambiental y declaratoria de desastre; restituir y hacer cumplir la pausa ecológica; activar un comando de incidentes con recursos reales, informes públicos diarios sobre acciones, recursos y donaciones; fortalecimiento del trabajo de bomberos voluntarios y guardaparques; procesos administrativos y penales contra responsables de incendios y autoridades que hayan incurrido en omisión de deberes; y convocatoria a una audiencia pública nacional sobre la emergencia.
Asimismo, plantean implementar un Plan Nacional de Prevención, Mitigación y Restauración de Incendios Forestales, con participación de colegios profesionales, comunidades indígenas, universidades y sociedad civil, y exigen a los próximos gobiernos leyes estrictas y sanciones severas contra quienes atenten contra el medio ambiente y la salud de la población.
“Es hora de que las normas se cumplan y de que la protección del bosque, la biodiversidad y la vida de millones de bolivianos sea una prioridad real del Estado”, concluye el pronunciamiento.
