ALERTA. Garantizar una justicia oportuna, accesible y libre de estereotipos de género es clave para enfrentar la violencia y las desigualdades estructurales.
Bolivia tiene la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de justicia en el país para garantizar que mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder a una justicia transparente, oportuna y libre de discriminación. Esa es la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU en Bolivia), en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
La organización recordó que el acceso efectivo a la justicia es una condición indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. En ese sentido, instó a avanzar en reformas que incorporen un enfoque de género e interseccional, capaz de enfrentar las desigualdades estructurales y las normas sociales que aún limitan el acceso de muchas mujeres a la protección de sus derechos.
Este llamado se enmarca en las conclusiones de la septuagésima sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que retoma los acuerdos alcanzados en 2025 durante la 67ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. En dichos compromisos, los Estados de la región coincidieron en que los sistemas judiciales deben eliminar sesgos y estereotipos raciales y de género, y garantizar respuestas más oportunas y sensibles a las diversas realidades de las mujeres.
Desigualdades agravadas
En Bolivia, este desafío adquiere especial relevancia frente a las desigualdades agravadas por factores como la pobreza, los impactos del cambio climático, las crisis humanitarias y los procesos de movilidad humana. En este contexto, la ONU enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del sistema judicial para responder de manera adecuada a estas complejidades.
Asimismo, se destaca la importancia de contar con respuestas especializadas para niñas y adolescentes, que incluyan procedimientos adaptados a su edad, acompañamiento psicosocial oportuno y mecanismos que eviten la revictimización durante los procesos judiciales.
Entre las acciones prioritarias, Naciones Unidas plantea ampliar la cobertura y calidad de los servicios de justicia, especialmente en zonas alejadas, mediante mecanismos mancomunados y servicios móviles que permitan superar las barreras geográficas. También recomienda avanzar en el reconocimiento formal de las y los trabajadores comunitarios de justicia, quienes cumplen un rol clave en el acceso a servicios legales en territorios rurales.
Asistencia legal
La organización también insta a garantizar asistencia legal gratuita, adecuada y especializada en casos de violencia de género, así como asegurar financiamiento sostenible para refugios, servicios de asesoría jurídica y atención en salud. En ese marco, plantea la necesidad de establecer fondos destinados a la reparación integral de las víctimas de violencia.
En el caso de niñas y adolescentes, estos servicios deben articularse con los sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia, con el objetivo de ofrecer respuestas coordinadas que permitan la restitución de derechos y su desarrollo pleno.
La ONU también alienta al Estado boliviano a aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica para ampliar el acceso a servicios de justicia digital, garantizando al mismo tiempo la protección de datos personales y evitando que la digitalización profundice la brecha de acceso, especialmente en zonas rurales.
Finalmente, Naciones Unidas reconoce el rol fundamental de los movimientos feministas y de las organizaciones de mujeres, a quienes considera aliados clave para superar las barreras estructurales que aún persisten. En ese sentido, subraya la importancia de proteger el espacio cívico y a las defensoras de derechos humanos, asegurando que puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y libre de represalias.
Para la ONU en Bolivia, fortalecer el acceso a la justicia no es solo una reforma institucional, sino un compromiso derivado de los acuerdos internacionales asumidos por el país y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Avanzar en sistemas judiciales más accesibles, transparentes y centrados en las víctimas es un paso fundamental para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia y discriminación.
