LEY. El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables que busca disminuir la dependencia del gas natural.
El Gobierno presentó su proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables que plantea una transformación profunda del mercado eléctrico nacional: abre la generación, transmisión y distribución a la inversión privada; brinda condiciones para el desarrollo de las energías renovables; e introduce nuevos mecanismos de competencia, con el objetivo de garantizar el suministro en el mediano y largo plazo, en medio de la creciente presión para reducir la dependencia del gas natural en la generación eléctrica.
La iniciativa contempla subastas competitivas para nuevos proyectos de generación y transmisión, y esquemas de asociación público-privada con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con el objetivo de asegurar precios eficientes y mejorar la calidad del servicio . Además, apunta a convertir al país en un hub energético regional, fortalecer la seguridad jurídica y acelerar la diversificación de la matriz energética mediante proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos, aunque manteniendo al gas natural como parte de una transición gradual. Actualmente, cerca del 70% de la electricidad se produce a partir de este combustible.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías entregó este jueves el proyecto de Nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables al Ministerio de la Presidencia, dando inicio a un proceso que incluirá la revisión técnica en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), la evaluación en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE), la socialización con distintos sectores y su posterior tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en aproximadamente 15 días.
“Es importante decir que esta ley no solamente moderniza, hace más eficiente el sistema, se basa en el mercado, atrae a actores del sector privado, sino que también tiene impacto importante en la gente, como todas las leyes que se van a ir presentando”, indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que el objetivo de la nueva ley es regular las actividades de la cadena eléctrica y garantizar el suministro de electricidad a mediano y largo plazo “porque el suministro a corto plazo ya está garantizado, además de incorporar las energías renovables en el corto plazo”.
Además, también se busca «garantizar tarifas equitativas para todos los ciudadanos, promover eficiencia, sostenibilidad y un nuevo modelo de mercado eléctrico donde participa activamente el sector privado”, enfatizó.
La propuesta busca reemplazar el modelo vigente desde 1994, al que el propio Gobierno considera desactualizado, excesivamente centralizado y con escasos incentivos para atraer inversiones. También se propone el fortalecimiento de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Transformación energética
El Gobierno sostiene que el país cuenta con las condiciones para liderar su transformación energética, pero requiere un marco normativo nuevo, pues la ley vigente no incorpora adecuadamente las energías renovables, mantiene una alta dependencia del gas natural y no responde a los cambios institucionales y regulatorios ocurridos desde 1994.
“La ley que contamos ahorita no toma en cuenta las energías renovables, no toma en cuenta el almacenamiento y otras variables que se necesitan. Esta ley está enfocada en una alta dependencia del gas natural, es una ley completamente térmica”, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.
La discusión sobre la nueva ley se produce en un escenario marcado por la caída de la producción del gas, que pone la principal alerta, tomando en cuenta que el 70% de la electricidad del país se genera a partir del gas natural. Por ello, la diversificación de la matriz energética debe ir acompañada por la eficiencia energética.
La propuesta también busca construir un nuevo modelo de mercado eléctrico basado en mayor competencia, apertura regulatoria y participación privada, aunque manteniendo a ENDE como actor estratégico dentro del sistema. Además, crea la Entidad Reguladora de Energía (ERE), un organismo independiente que elimina el conflicto de interés, garantizando control técnico, transparencia y cumplimiento normativo.
“Pasamos de un mercado controlado por el Estado a un mercado competitivo y, sobre todo ,dando el rol que le corresponde al sector privado”, señaló Blanco.
Apertura a la inversión y subastas competitivas
El proyecto de ley abre la generación, transmisión y distribución de electricidad a la inversión privada mediante contratos de largo plazo, mecanismos de subastas y garantías jurídicas orientadas a generar mayor previsibilidad para los inversionistas. El objetivo es ofrecer “reglas claras, con contratos de largo plazo y garantías jurídicas efectivas que brindan previsibilidad y confianza”, señala una nota del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
“No había ningún incentivo para que vengan las inversiones”, afirmó Blanco hace dos semanas, durante el foro de transición energética que se desarrolló en Santa Cruz. Allí explicó que el nuevo esquema busca eliminar privilegios y promover competencia entre empresas públicas y privadas.
En esa ocasión también expresó que el modelo vigente generó un marco normativo “contradictorio e incoherente”, con trabas para actores privados, ausencia de mecanismos modernos de contratación, baja eficiencia y escasa capacidad para atraer inversiones.
Otro de los objetivos de los cambios en el sector eléctrico, es convertir a Bolivia en un hub regional, “fortaleciendo su capacidad de generación, interconexión e intercambio de energía con países vecinos”. Recientemente, a través de un decreto, se eliminó el monopolio estatal sobre la importación y exportación de electricidad, habilitando la participación de otros actores del sistema eléctrico. Actualmente se estudian interconexiones eléctricas y procesos de armonización regulatoria con países vecinos, como rasil, Chile, Perú y Paraguay, orientados a fortalecer la seguridad energética regional y aprovechar los recursos renovables.
El desafío social
Aunque es importante la apertura al mercado y la atracción de inversiones, las autoridades aseguraron que la transición energética deberá incorporar criterios sociales y mecanismos de protección para sectores vulnerables.
“Si no tomamos en cuenta a los más necesitados, esto no funciona. El Gobierno tiene que tomar medidas que permitan que los más necesitados no sufran los incrementos de luz”, afirmó Blanco durante su presentación en el foro.
Durante la presentación del proyecto de ley no se brindaron detalles sobre la actual subvención a la energía eléctrica. El viceministro de Electricidad, Rudy Peredo, aclaró que ese tema no forma parte de la iniciativa legal presentada y será abordado posteriormente.
Avanzar con renovables
El objetivo de la nueva ley es diversificar la matriz energética nacional mediante inversión pública y privada, incorporando tecnología de punta y posicionando a Bolivia “en la diversificación energética global, impulsando el desarrollo de energías renovables y reconociendo el acceso universal a la electricidad como un derecho”.
La visión del Ejecutivo es que la transición energética del país debe pasar inicialmente por la diversificación, apoyándose en proyectos solares y eólicos en el corto plazo, para fortalecer la generación hidroeléctrica en el largo plazo.
Aunque la propuesta de nueva ley aún debe atravesar el proceso legislativo, el Gobierno ya comenzó a aplicar cambios regulatorios mediante decretos orientados a abrir el sector eléctrico y acelerar la incorporación de energías renovables.
Los primeros pasos
El Decreto Supremo 5549, promulgado en febrero de este año, amplió el régimen de generación distribuida e incorporó la categoría de generación distribuida de media escala, habilitando proyectos renovables de entre 1 y 6 megavatios conectados a redes de distribución.
La norma establece también mecanismos de remuneración para los generadores distribuidos y amplía el rango de generación distribuida de pequeña escala -de 0,5 a 2 megavatios-, además de crear sistemas de compensación mediante créditos acumulables hasta 24 meses. En ese marco, las empresas o particulares pueden producir energía renovable e inyectar excedentes al Sistema Interconectado Nacional.
Este decreto también habilita sistemas de generación distribuida solar y eólica en estaciones de carga para vehículos eléctricos, permitiendo que los usuarios generen su propia energía e inyecten excedentes a la red. Estas medidas buscan fomentar la electromovilidad y reducir el consumo de combustibles fósiles.
Paralelamente, el Ejecutivo impulsa mecanismos de autogeneración eléctrica a base de gas natural, principalmente orientados al sector industrial, mediante el Decreto Supremo 5598. Esto marca que el país busca una transición gradual, donde el gas natural es esencial.
Otro de los objetivos en el corto plazo, es brindar condiciones para que se aplique lo que señala la actual ley y que abre la posibilidad para que las empresas distribuidoras puedan generar energía renovable hasta cubrir el 15% de su demanda eléctrica.
