MEDIO AMBIENTE. Un acuerdo interinstitucional suscrito en la ALP plantea una hoja de ruta para fortalecer la protección de bosques, restaurar ecosistemas degradados y abrir paso a nuevos mecanismos de financiamiento climático.
La protección de los bosques y la transición hacia mecanismos de financiamiento ambiental forman parte de una nueva agenda interinstitucional trazada a cinco años e impulsada desde la brigada parlamentaria y otras instituciones de La Paz. En días pasados se realizó el encuentro “Protección de nuestros bosques, medio ambiente y finanzas verdes”, con la participación de autoridades nacionales, legisladores, cooperación internacional e instituciones técnicas, al término del cual suscribieron un acta de compromisos que busca traducir el debate ambiental en una hoja de ruta concreta para la conservación, la restauración ecológica y el acceso a recursos climáticos.
El documento plantea una agenda de trabajo de cinco años y establece una batería de acciones orientadas a enfrentar algunos de los principales desafíos ambientales del país: deforestación, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, expansión de actividades ilegales y limitada capacidad para canalizar financiamiento verde hacia territorios vulnerables.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la implementación de un sistema de mercados de carbono, concebido como un mecanismo para generar incentivos económicos destinados a la conservación de bosques, la reforestación y la restauración de ecosistemas. La propuesta contempla desarrollar un esquema técnico, normativo y territorial que permita articular a entidades públicas, actores productivos, comunidades e indígenas en programas transparentes de compensación por captura y reducción de emisiones.
Como parte de esa construcción, el acta también propone la elaboración de un sistema nacional de información de proyectos de carbono, orientado a evitar la doble contabilidad de créditos y reducir riesgos de greenwashing, una de las principales preocupaciones en la expansión de estos mecanismos a nivel internacional.
Financiamiento climático y restauración territorial
Además de los mercados de carbono, el acuerdo plantea fortalecer el acceso a financiamiento climático para el departamento de La Paz, mediante la estructuración de una cartera de proyectos verdes, la movilización de recursos de cooperación internacional y la priorización de inversiones en zonas con alta vulnerabilidad ambiental y social.
La agenda también incorpora acciones para atender áreas desertificadas y degradadas, con programas de restauración ecológica, revegetación, forestación, manejo sostenible del agua y recuperación de cuencas. En paralelo, se prevé impulsar planes de recuperación y manejo sostenible de suelos en territorios afectados por erosión, contaminación o uso inadecuado del territorio.
En materia de biodiversidad, las instituciones acordaron fortalecer la protección de áreas protegidas, reservas forestales, parques nacionales y tierras comunales, incluyendo mayores acciones de monitoreo y prevención frente a actividades ilegales que afecten los ecosistemas.
Una mesa técnica
Para dar seguimiento a los compromisos, el acta establece la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional sobre Bosques, Medio Ambiente y Finanzas Verdes, que tendrá la tarea de definir una hoja de ruta, priorizar proyectos de corto, mediano y largo plazo, y establecer indicadores de cumplimiento.
La iniciativa fue promovida por el diputado Mauricio Taboada, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, quien sostuvo que la defensa ambiental debe traducirse en decisiones estructurales y no solo en declaraciones.
“Defender la naturaleza no es una opción política, es una obligación ética con el país y con las futuras generaciones. Es momento de actuar”, afirmó durante el encuentro.
El grupo continuará trabajando con el objetivo de traducir el contenido del acta en políticas, proyectos financiables y mecanismos efectivos de implementación, en un contexto en el que Bolivia busca construir capacidades para insertarse en nuevos esquemas de financiamiento climático. Desde diferentes sectores surge la demanda de que este proceso se realice sin perder de vista la integridad ambiental y la gobernanza territorial, así como la inclusión de las comunidades.
