La iniciativa contempla la difusión de videos informativos y de sensibilización, tanto en redes sociales como en espacios estratégicos de alto interés público, donde el mensaje pueda llegar de manera directa a la ciudadanía.
Como parte de las acciones de la campaña, también se prevé la distribución de material informativo que invite a reflexionar sobre la importancia de proteger a las especies y denunciar los casos de tráfico. Este material será distribuido en lugares de afluencia de personas como instituciones públicas de nivel nacional, departamental y municipal (ABT, INRA, Gobernación de Santa Cruz, Quinta Municipal), plazas y plazuelas concurridas (24 de septiembre, Estudiante), mercados y Ferias (Ramada, Los Pozos, Mutualista, Barrio Lindo), lugares de paso (Trancas de las principales vías del Departamento) y tránsito aéreo y terrestre (Aeropuertos, terminales) y universidades.
“Cada denuncia cuenta. Cuando una persona decide reportar la tenencia o el comercio ilegal de un animal silvestre, está ayudando a salvar vidas y proteger nuestros ecosistemas. El tráfico de fauna no solo afecta a las especies, sino también al equilibrio natural del que dependemos todos”, afirmó Lila Sainz, Coordinadora de proyectos de WWF-Bolivia.
El director de Recursos Naturales de la Gobernación, Paulo Viruez, destacó la importancia de la participación ciudadana en la protección de la vida silvestre.
“La sociedad civil debe ser el principal aliado para disminuir y frenar el tráfico de fauna silvestre. Mientras más personas se sumen y denuncien este delito, mayor será la posibilidad de rescatar, atender y devolver a estos animales a su hábitat natural”, afirmó.
Delito grave
Viruez señaló que la institución intensifica diariamente el trabajo de control y atención de casos de tráfico de fauna, sin embargo, este esfuerzo solo es posible gracias a las denuncias recibidas de la ciudadanía.
“El tráfico de vida silvestre es considerado un delito ambiental equiparable al tráfico de drogas y armas. En Bolivia, la extracción, tenencia o comercialización ilegal de animales y plantas constituye un delito penal sancionado por la Ley N.º 1333 (Ley de Medio Ambiente) y la Ley N.º 1525, que establecen penas de hasta ocho años de cárcel”. remarcó Viruez.
No obstante, gran parte de los casos persisten debido al desconocimiento de la normativa y la falta de denuncias oportunas. Por ello, la Gobernación de Santa Cruz y WWF-Bolivia reiteran su llamado a denunciar cualquier sospecha de tráfico de vida silvestre o partes de ella.
