MEDIO AMBIENTE. A pesar de la resolución judicial, las quemas y avasallamientos persisten. Hay denuncias en San Ignacio y Roboré.
El Tribunal Agroambiental ratificó que existe una “pausa ecológica” en las áreas con “sensibilidad ambiental”, además de reiterar una serie de medidas preventivas de cumplimiento obligatorio para este año, orientadas a evitar una nueva crisis ambiental como la que se registró en 2024, cuando más de 12,6 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios forestales.
Pese a la resolución y a que el tribunal la ha ratificado en varias ocasiones, las quemas persisten, al igual que la amenaza de avasallamientos en áreas que fueron afectadas por los incendios del año pasado. En las últimas horas, la alerta llegó desde San Ignacio -en el Alto Paraguá y Santa Ana de Velasco- y Roboré.
El tribunal mantiene la “pausa ecológica”, que se dictó inicialmente para proteger al jaguar y su hábitat, y que ahora se extiende a diversas áreas, incluyendo tierras fiscales no disponibles, áreas protegidas nacionales y subnacionales, territorios indígenas y sitios RAMSAR.
Comunicado
A través de un comunicado publicado este lunes, la entidad también recordó una resolución clave emitida el 5 de junio, mediante la cual se prohíben de manera total e inmediata las quemas y desmontes en todas las áreas con riesgo de incendio forestal, con énfasis en zonas de alto riesgo en Santa Cruz, Beni, La Paz, y ecosistemas severamente afectados el año anterior, como el ANMI San Matías, la TCO Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
Asimismo, reitera la instrucción a diversas instituciones, entre ellas la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la Policía Forestal (POFOMA) y las Fuerzas Armadas, a intensificar la vigilancia y monitoreo interinstitucional, utilizando tecnología satelital, aérea y terrestre. Advirtió que toda quema ilegal detectada será sancionada con procesos penales inmediatos, bajo una política de cero tolerancia.
El Tribunal Agroambiental indicó que realizará un seguimiento permanente para asegurar el estricto cumplimiento de estas medidas, recordando que “la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida por todas y todos los ciudadanos bolivianos”.
Exigen respeto a las normas
El comunicado llega cuando en Santa Cruz, el departamento más afectado en 2024, ya registra más de 3.300 focos de calor de acuerdo a los datos de la Gobernación. A esto se suma el pedido de diversas organizaciones para prevenir las quemas y, por ende, los incendios forestales, mientras otras denuncian movimientos para avasallar áreas protegidas, como lo que actualmente sucede en el Alto Paraguá, en el municipio de San Ignacio.
En Roboré, la Central Indígena Chiquitana Amanecer clamó “basta de incendios”. A través de un pronunciamiento, expresaron que son “un ecocidio, un crimen contra la vida”, las autorizaciones forestales “para destruir el hábitat en el que vivimos”.
Las mujeres de esta organización, expresaron que los incendios de 2024 no fueron producto “del azar ni de la naturaleza. Es la expresión directa de un modelo de desarrollo criminal que promueve la expansión de la frontera agropecuaria, opera con impunidad y socava sistemáticamente la débil institucionalidad ambiental que aún queda en pie”.
A esto se suma que “las políticas públicas que deberían proteger esa riqueza se han transformado en herramientas al servicio de intereses extractivistas del agronegocio”, con consecuencias “letales”, como la pérdida de especies, sabanización, ruptura de ciclos hídricos, empobrecimiento genético, desplazamiento forzado de los pueblos indígenas y conversión de los bosques en fuentes de carbono.
Protección para los defensores
Junto con pedir protección para las defensoras ambientales, exigieron que se suspendan las autorizaciones de quemas en el Municipio de Roboré, en especial dentro de la zona de amortiguamiento de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural UCPN Tucabaca, y el respeto al plan de uso de suelo municipal, garantizando la protección de las zonas de recarga hídrica.
Precisaron que la ABT debe dejar sin efecto el punto tercero de resolución administrativa 064/2025 que permite la recepción y ejecución de quemas controladas hasta el 31 de julio, así como su instructivo 013/2025, que contradicen abiertamente lo dispuesto por el Decreto Supremo 5225 de pausa ecológica.
Alerta en Alto Paraguá
Mientras tanto, en las últimas horas la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Paraguá (ACIAP), denunció la presencia de asentamientos ilegales cerca de la comunidad Tirarí, en el distrito 8 del Municipio de San Ignacio, en el Alto Paraguá.
Durante un recorrido realizado el lunes, caciques de diferentes comunidades encontraron una choza con un cartel de “censada”, áreas quemadas y claras señales de desmonte reciente sin autorización conocida.
Lordy Suárez Choré, presidente del Comité de Gestión Territorial del Alto Paragua, explicó que no encontraron a ninguna persona en el lugar, pero advirtió que “vamos a defender nuestro territorio ancestral de manera pacífica y firme” y agregó que la prioridad es trabajar en las demandas de la TCO Bajo Paraguá, que incluyen los trámites ante la Unesco para la declaración de la Reserva de Biósfera del Alto Paraguá-Marfil. Justamente las zonas afectadas en las últimas semanas forman parte de este territorio.
Santa Ana denuncia quemas
Este martes, la alerta también llegó desde Santa Ana de Velasco, en el distrito 5 del municipio de San Ignacio. La jornada empezó con humo y se detectaron “cuatro focos de calor con riesgo de evolucionar a incendios forestales” en las proximidades de la población, de acuerdo al reporte de Chiquitanía Proyecto Integral. Los focos están a una distancia que oscila entre 5 y 16,8 kilómetros de Santa Ana; se iniciaron el 20 de julio y han ido creciendo.
FOTO PRINCIPAL: Esta es la choza que encontraron los caciques del Alto Paraguá en las cercanías de la comunidad de Tirarí. Incluso, había un sello de «censada». Crédito: ACIAP
