AUDIENCIA. Pidió al Estado que garantice la dotación de insumos y condiciones operativas para los bomberos voluntarios. Ratificó la vigencia de la pausa ecológica.
El Tribunal Agroambiental dio un plazo “improrrogable” de 48 horas, para que las autoridades activen las medidas cautelares para la prevención y control de los incendios forestales y ratificó la vigencia de la «pausa ecológica» por la protección del jaguar y su hábitat, entre otras medidas.
La audiencia respondía al Expediente N° 6236/2025, que acogió la demanda presentado por siete jóvenes de Sucre. El fallo se conoció a las 16.00, luego de una larga audiencia, que se inició a las 10.00 de la mañana y donde el tribunal pudo escuchar a las demandantes, a las organizaciones que se sumaron a su pedido y a diferentes organismos de Gobierno. La determinación se adoptó basada en diferentes normas y ante “la evidencia indiscutible del incremento de los focos de calor en el territorio nacional”.
El tribunal también exhortó al nivel central del Estado y a las instancias competentes, que se “garantice la dotación de los insumos, las necesidades operativas, de seguridad, legales y de bienestar” a los bomberos voluntarios.
Actuar de oficio
El Tribunal Agroambiental también determinó que los jueces agroambientales del país, en particular los que tienen asientos judiciales en la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco boliviano, actúen de oficio para ejercer la fiscalización, control y seguimiento al cumplimiento efectivo de lo dispuesto en su resolución del 29 de agosto
La resolución de ocho puntos, también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para que, en el marco de sus competencias, inicie las acciones legales y constitucionales conducentes a la revisión, análisis y armonización de normas en vigencia que encuentran observadas por la sociedad civil organizada, en particular las leyes 741 y 1171, las denominadas «leyes incendiarias». También solicitó al Legislativo que analice, considere y sancione una ley especial de la jurisdicción agroambiental en un plazo de seis meses.
Asimismo, se pidió al Consejo de la Magistratura que designe a los jueces agroambientales necesarios para cubrir todas las acefalías. A esto debe sumarse, el personal técnico de apoyo requerido para el funcionamiento óptimo de dichos juzgados.
El Tribunal precisó que las medidas cautelares preventivas y precautorias podrán ser modificadas, ampliadas o dejadas sin efecto cuando hubieren cumplido su finalidad o si son necesarios cambios para prevenir y sofocar los incendios forestales.
Al término de la audiencia, también estableció medidas de protección para abogada Daniela Orihuela Arratia, quien patrocina la demanda ciudadana.
Satisfacción
Tras conocer el fallo, Angeles Mamani -una de las demandantes- expresó que “el Tribunal Agroambiental ha demostrado firmeza en cuanto a su autoridad y competencia en temas ambientales, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Acuerdo de Escazú y otras resoluciones internacionales que avalan a este máximo tribunal para poder emitir resoluciones de este de esta magnitud”.
Destacó que se hayan ratificado las medidas cautelares y que se impulse la dotación de equipos para los bomberos, así como la necesidad de que los ministerios ejerzan sus funciones, donde precisó que hubo un actuación tardía en los últimos años.
Precisó que la actuación de oficio de los tribunales permitirá mayor eficiencia y capacidad de respuesta, de manera que las personas también puedan apersonarse.
Argumentos
A lo largo de aproximadamente seis horas, diversas organizaciones que se sumaron a la demanda en calidad de “Amicus curiae”, ratificaron la necesidad de establecer medidas para frenar los incendios forestales, recordando que en 2024 afectaron más de 12,6 millones de hectáreas, incluyendo un alto porcentaje de bosque primario.
A eso se suma el impacto sobre la biodiversidad, recordando que millones de animales murieron en medio del fuego, y sobre la salud de la población, que estuvo expuesta a altos índices de contaminación, a lo que se sumó la falta de condiciones para recibir una atención oportuna.
En este grupo, participaron Fundación Tierra, Alas Chiquitanas, WWF Bolivia, Fundación Amigos de la Naturaleza, Ñande Santa Cruz, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, el Colegio de Ingenieros Ambientales de Santa Cruz y el Colegio de Biólogos de La Paz, entre otras instituciones.
También se escucharon los argumentos de entidades oficiales como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT),y sectores productivos como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO).
