AGUA. La hidrogeóloga analiza el reciente informe sobre la situación global del agua y como se refleja en el país, especialmente en zonas como la Chiquitanía.
La cuenta hídrica está en números rojos. Esa fue la advertencia que surgió de un informe de la Universidad de las Naciones Unidas en los últimos días, y Bolivia no está ajena a esta situación, como lo refleja la pérdida de glaciares, con situaciones que ya son irreversibles.
La hidrogeóloga Mónica Guzmán es una referencia nacional e internacional en el estudio del agua y cómo diversos eventos afectan la recarga hídrica y los cursos subterráneos. En los últimos años ha trabajado con énfasis en San José de Chiquitos, donde incluso se logró promulgar una ley municipal que protege las zonas de recarga, y por estos días compite en el People’s Choice Award de IGRAC (UNESCO), con «La historia de Gueebi, el Hijo de la Lluvia», a través de la cual rescata la relación entre el agua, la vida y el equilibrio del territorio en Chiquitos.
En esta entrevista analiza el concepto de ‘bancarrota hídrica’, la pérdida de los ‘ahorros’ de agua del planeta y reflexiona sobre sus implicaciones para Bolivia, especialmente en la Chiquitanía, y la urgencia de una nueva ley de aguas.
“Hay varios elementos del informe “Bancarrota hídrica global: vivir más allá de nuestros límites hidrológicos en la era poscrisis”, que llaman la atención y que vale la pena debatir. Una de ellas, sin duda, es el concepto mismo de bancarrota hídrica. Durante muchos años, cuando hablábamos de agua en América Latina y en Bolivia, usábamos términos como estrés hídrico, con la idea de que existían desajustes que todavía podían revertirse con medidas como la reforestación o una mejor gestión.
Luego empezamos a hablar de crisis hídrica, entendida como un shock puntual: un momento de alerta, de desabastecimiento, que eventualmente pasaba. Pero la idea de bancarrota va mucho más allá. El mensaje es claro: ya hemos entrado en un cambio estructural en el que muchos sistemas hídricos no van a volver a su estado original. Ahora somos nosotros quienes debemos adaptarnos a esta nueva realidad».
- El informe utiliza conceptos económicos para explicar el problema. ¿Por qué es útil esa mirada?
A mí me parece muy acertado. Soy docente de hidrología y solemos usar el ejemplo de una cuenta bancaria para explicar el balance hídrico. En una cuenta entra dinero, sale dinero y, si todo va bien, existe un ahorro.
En los sistemas hídricos, los ingresos son principalmente la lluvia. Durante mucho tiempo se asumió que ese ingreso era más o menos constante. Los egresos son todos los usos del agua: consumo humano, actividades productivas, servicios ecosistémicos. Pero el corazón del informe está en el concepto de ahorro.
Ese ahorro son los glaciares, los acuíferos profundos recargados hace miles de años, los humedales permanentes. Son reservas que no se recargan fácilmente. Lo que está ocurriendo hoy es que, en muchos lugares, no solo estamos gastando los ingresos anuales de agua, sino también esos ahorros. Eso es lo que define la bancarrota hídrica.
- ¿Cómo se refleja esta situación en Bolivia y, en particular, en la Chiquitanía?
El propio informe señala algo clave: la bancarrota hídrica debe analizarse a escala local, por cuenca o por acuífero, con estudios técnicos y transparentes. No es un diagnóstico que se pueda generalizar sin ese nivel de detalle.
Dicho eso, en Bolivia ya hay muchos indicios preocupantes. Hemos observado una reducción del almacenamiento glacial y nival en alta montaña, en el altiplano, lo que significa que literalmente se ha evaporado parte de nuestro ahorro de agua. En la Chiquitanía, los episodios de escasez ya no pueden llamarse crisis aisladas: ocurren casi todos los años y se han vuelto una condición permanente de alerta por desabastecimiento. Dependiendo del acuífero o la cuenca, es muy probable que ya se haya entrado en un estado de bancarrota hídrica.
- ¿Qué han aprendido sobre la recarga hídrica en el trabajo que desarrollan en San José de Chiquitos?
Nuestro equipo se ha enfocado en estudiar los ingresos de agua al sistema. En teoría, no deberían variar demasiado en el tiempo, pero hoy sabemos que la lluvia ya no se comporta igual y, en muchos lugares, es menor.
Además, demostramos que no es solo un problema de lluvia. La recarga también disminuye por lo que hacemos en el suelo: incendios, deforestación, cambios en el uso del territorio. Identificamos un punto de quiebre entre 2012 y 2015, cuando la recarga empieza a caer de forma más acelerada. Esto coincide con cambios normativos importantes en Bolivia, como nuevas reglas relacionadas con el uso de suelo y la Agenda Patriótica.
Si cruzamos estos datos con balances hídricos detallados, demanda de agua y niveles de almacenamiento, es muy probable que muchos territorios ya estén en números rojos.
- En base a la experiencia de San José, ¿es posible mitigar o revertir esta situación?
San José es un ejemplo interesante porque se conecta con otro eje central del informe: la justicia hídrica. La bancarrota no la pagan todos por igual; la sufren sobre todo los sectores más vulnerables.
En San José, la información técnica generada permitió que se aprobara una ley municipal para proteger zonas de recarga. Eso ya es una acción concreta para resguardar una fuente de agua utilizada por comunidades vulnerables. No resuelve todo, pero es un primer paso hacia una gestión distinta, más consciente de esta nueva normalidad.
- ¿Qué debería hacerse para estudiar y evitar la bancarrota hídrica?
Primero, transparentar la situación. Necesitamos más información técnica, más balances hídricos y un diagnóstico claro del “estado de cuenta” de nuestros acuíferos.
Luego, las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los más vulnerables. El ordenamiento territorial, los permisos y las actividades económicas tienen que incorporar obligatoriamente la variable de disponibilidad hídrica. No se puede seguir tomando decisiones sin ese dato sobre la mesa.
- ¿Esto debería derivar en una nueva Ley de Aguas en Bolivia?
Totalmente. La Ley de Aguas es una deuda histórica. Su ausencia se explica, en gran medida, por la complejidad institucional y sectorial del agua en Bolivia. Hoy cada sector -agrícola, minero, agua potable- tiene su propia autoridad y su propio sistema de permisos. Eso genera situaciones en las que un mismo acuífero es explotado por múltiples actividades sin una visión integrada y sin saber que está siendo sobreexplotado. Necesitamos un marco único, con una base de datos común, que permita decidir cómo se va a aprovechar el agua en el territorio boliviano.
- En ese contexto, ¿cómo ve el conflicto en Tariquía por la exploración hidrocarburífera?
Los estudios muestran que las áreas protegidas han funcionado como amortiguadores hídricos. Los patrones de recarga de los últimos 40 años, demuestran que son zonas donde la recarga ha disminuido menos o se ha mantenido más estable.
Cualquier actividad que las amenace debe implementarse de forma extremadamente cuidadosa, con precisión quirúrgica. Más allá del lugar exacto de un pozo, estas actividades generan nuevos caminos, especulación de tierras y una serie de impactos indirectos que afectan al agua.
Entendiendo la importancia económica de la actividad hidrocarburífera, pero las cosas deben hacerse bien: con estudios técnicos rigurosos, mediciones permanentes y, sobre todo, con consenso social. El impacto sobre el agua no puede ser un aspecto secundario.
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