DEFORESTACIÓN. El decreto 5390 fue aprobado el 14 de mayo. Exigen su inmediata derogación y un diálogo amplio sobre el ordenamiento territorial rural.
El Decreto Supremo 5390, promulgado el 14 de mayo por el Gobierno, pone en riesgo la integridad de las Reservas Forestales del país al habilitar instrumentos que permiten desmontes, el cambio de uso de suelo y la apropiación irregular de tierras fiscales.
Así lo advirtió el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), a través de un pronunciamiento público, en el que exigió la derogación de la norma, aseverando que debilita el rol del Estado en la protección forestal, favorece el avasallamiento de tierras públicas y contraviene la legislación ambiental vigente.
Además, la medida llega en un momento en que “Bolivia enfrenta una crisis ambiental creciente, con tasas alarmantes de deforestación, incendios forestales y pérdida de biodiversidad”.
El pronunciamiento subraya que las reservas forestales -según la Ley Forestal N° 1700 y el D.S. 24453- son tierras fiscales de dominio público, administradas por el Estado, con el objetivo de garantizar su uso forestal sustentable y permanente. Sin embargo, el nuevo decreto promueve una reinterpretación legal que permitiría habilitar planes de uso de suelo y desmonte en estas áreas protegidas, contradiciendo el principio de conservación.
Otro aspecto preocupante es que el Decreto 5390 disminuye la responsabilidad institucional del Estado sobre estas tierras, deslindando a las autoridades forestales de su obligación de fiscalización y control. “Intenta deslindar responsabilidades institucionales por la inacción estatal frente al avance de ocupaciones ilegales, desmontes y actividades agrícolas intensivas”, señala el pronunciamiento.
Esto, según los expertos, facilita la legalización de ocupaciones ilegales y permite que terceros accedan a la propiedad de tierras fiscales sin un proceso transparente ni justo.
El ente colegiado también advirtió que el decreto otorga una “discrecionalidad excesiva” a la autoridad forestal al introducir la figura de “otros instrumentos de gestión”, sin una definición clara, lo cual contraviene el principio de legalidad y debilita la seguridad jurídica ambiental.
Además, cuestiona que el decreto haya sido emitido en un contexto político y electoral, sin consulta previa ni evaluación de impactos, lo cual evidencia -según el CIF-SC- una motivación política para legalizar asentamientos y ampliar la frontera agrícola en año electoral. Agrega que el decreto contradice los compromisos asumidos por el Estado Boliviano en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos ambientales.
Exigencias
Además de solicitar la la derogación inmediata del Decreto Supremo 5390, por vulnerar el orden constitucional y el marco legal forestal; el CIF-SC pidió la investigación de los avasallamientos y desmontes ocurridos en reservas; el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo y fiscalización ambiental; y la apertura de un diálogo nacional sobre el futuro del ordenamiento territorial rural en Bolivia.
En la actualidad, Bolivia tiene una de las mayores tasas de deforestación de la región. Sólo en 2024, se perdieron alrededor de 12 millones de hectáreas en los incendios forestales. De acuerdo a un informe de Global Forest Watch, 1,48 millones correspondían a bosques primarios, con un impacto prácticamente irreversible en diversos ecosistemas.
