NORMATIVA. La ASFI debe elaborar la reglamentación en un plazo de 40 días. El decreto identifica cinco áreas para el desarrollo de sus servicios.
El Gobierno Nacional aprobó este miércoles un decreto supremo que reglamenta la creación y funcionamiento de las Empresas de Tecnología Financiera (ETF), más conocidas como fintech. La norma permite que estas entidades, ya sean privadas, públicas o mixtas, ofrezcan servicios digitales en los ámbitos de servicios financieros, mercado de valores y seguros, bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“Con este decreto, Bolivia entra de lleno al ecosistema fintech, de forma moderna y regulada”, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa.
En Bolivia, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Economía, existen más de 40 empresas que operan en el campo de la tecnología financiera particularmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque hasta ahora lo hacían sin un marco legal claro.
Con el decreto, todas estas actividades -desde plataformas de pago hasta servicios con activos digitales o blockchain– deberán estar reguladas, contar con autorización de la ASFI y cumplir normas de seguridad que garanticen confidencialidad, integridad y autenticación para proteger al usuario.
Base tecnológica
Las fintechs son empresas que prestan servicios financieros mediante herramientas digitales. A diferencia de la banca tradicional, operan con plataformas, aplicaciones móviles y sistemas automatizados que permiten realizar pagos, enviar remesas, otorgar créditos, invertir o gestionar dinero desde un celular, sin necesidad de una sucursal física. También pueden desarrollar billeteras digitales que permiten pagar con código QR, transferir dinero entre personas o comprar en comercios sin efectivo.
El decreto le da a la ASFI un plazo de 40 días hábiles para que emita la reglamentación específica.
“Ahora (las empresas en operación) tendrán que adecuarse a la norma, y muchas más podrán ingresar a este nicho de mercado”, explicó el ministro.
Las ETF deberán tramitar su permiso de constitución y licencia de funcionamiento ante la ASFI, y, en algunos casos, ingresar a un entorno controlado de pruebas.
El decreto, de acuerdo al ministerio, marca un hito en la modernización del sistema financiero nacional. El nuevo marco legal permitirá a empresas privadas, públicas o con participación mayoritaria del Estado, ofrecer servicios como pagos digitales, blockchain (estructura de datos compartida que permite el registro de transacciones y el seguimiento de activos), activos virtuales y plataformas de financiamiento, entre otros.
Cinco áreas
Por ahora, las ETF podrán desarrollar servicios en cinco grandes áreas: soluciones basadas en blockchain (activos tokenizados, activos virtuales y/o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales), sistemas de pagos, plataformas de financiamiento, tecnologías para empresas e iniciativas futuras que defina la ASFI. Entre los servicios más inmediatos se esperan billeteras móviles, préstamos digitales, remesas internacionales y emisión de activos tokenizados.
El objetivo del decreto es proteger a los usuarios frente a fraudes, ciberataques o colapsos de plataformas.
“Se trata de ofrecer certidumbre al mercado y oportunidades para nuevos actores”, subrayó Montenegro.
