Pablo Pinell
Economista, especializado en Gestión Pública y Finanzas Verdes
Bolivia aparece de manera recurrente en los rankings internacionales de pérdida de bosque primario. Entre 2020 y 2024 se estima que el país perdió alrededor de 1,7 millones de hectáreas de bosque, y distintos reportes indican que 2024 marcó uno de los picos más altos de deforestación de la última década. Este fenómeno se concentra principalmente en el oriente del país y está asociado a expansión agrícola y ganadera, conversión de uso de suelo e incendios forestales. El diagnóstico es conocido. Lo que sigue siendo esquivo es una estrategia económica capaz de cambiar los incentivos que empujan esta dinámica.
En ese contexto, la financiación climática empieza a dejar de ser un concepto abstracto y comienza a tomar forma como una conversación concreta en Bolivia. No todavía como política de Estado consolidada, pero sí como un campo emergente donde confluyen gobierno, cooperación internacional, sistema financiero, sociedad civil y sector privado.
Durante 2024 y 2025 se multiplicaron seminarios, cursos virtuales y talleres sobre finanzas verdes y climáticas organizados por fundaciones internacionales, cámaras binacionales, universidades y redes regionales. Estos espacios ya no discuten si la financiación climática es deseable, sino cómo estructurar proyectos bancables, cómo cumplir estándares internacionales y cómo reducir riesgos. El debate está pasando de lo ideológico a lo operativo.
En paralelo, actores regionales, bancos multilaterales de desarrollo y fondos globales como el Fondo Verde del Clima mantienen presencia activa en Bolivia, apoyando proyectos de adaptación, resiliencia rural y fortalecimiento institucional. A esto se suma una señal importante desde el sistema financiero nacional: en 2023 el Banco de Desarrollo Productivo realizó la primera emisión de bonos verdes del país, orientados a proyectos de energía limpia y producción sostenible. Aunque de escala aún modesta, el mensaje es claro: existen capacidades técnicas locales.
Este movimiento ocurre sobre un telón de fondo jurídico que también cambió. En 2024, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional la prohibición de mercantilizar funciones ambientales, eliminando un candado que durante casi dos décadas bloqueó cualquier aproximación a instrumentos asociados a mercados ambientales, incluidos los mercados de carbono. El fallo no obliga a Bolivia a usarlos, pero sí habilita su análisis y eventual regulación.
Posteriormente, el Órgano Ejecutivo aprobó decretos supremos que establecen lineamientos para la gestión y acceso al financiamiento climático, crean un Registro Nacional de Programas y Proyectos Climáticos y asignan al Ministerio de Economía un rol en la preparación de mecanismos de reducción de emisiones.
Por primera vez, la financiación climática aparece en la normativa boliviana no solo como un tema ambiental, sino también económico.
A esto se suma un elemento político relevante: el proceso de planificación nacional impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz ha incorporado un pilar denominado “Bolivia verde y sustentable” dentro del borrador del nuevo Plan General de Desarrollo Económico y Social, acompañado de mesas de planificación sectoriales. Aunque el documento aún no está aprobado, el hecho de que el eje ambiental sea tratado como pilar de desarrollo es una señal política importante.
¿Por qué importa todo esto para los bosques? Porque la financiación climática permite modificar la lógica económica dominante. Hoy, talar genera ingresos inmediatos; conservar casi nunca. Instrumentos como pagos por resultados, pagos por servicios ecosistémicos, fondos climáticos, bonos verdes o mercados de carbono con salvaguardas pueden convertir la conservación, la restauración y el manejo sostenible en actividades que generen flujos económicos permanentes.
No se trata de reemplazar regulación, control o planificación territorial. Se trata de complementarlos con incentivos positivos. Sin dinero, las políticas de conservación compiten en desventaja frente a actividades extractivas. Con dinero, la ecuación cambia.
Bolivia no necesita empezar creando una gran ley integral de financiación climática. Funciona mejor una ruta gradual: definir políticamente qué se entiende por financiación climática; revisar leyes sectoriales (bosques, áreas protegidas, energía, agro, finanzas públicas); clarificar competencias entre niveles de gobierno; desarrollar una taxonomía climática que defina qué es “verde”; y lanzar algunos instrumentos piloto que permitan aprender haciendo.
Todo esto puede hacerse sin abandonar principios como los derechos de la Madre Tierra ni la soberanía sobre los recursos. La financiación climática no implica privatizar la naturaleza. Implica reconocer que protegerla cuesta dinero.
En 2026 Bolivia no parte de cero. Hay fallos judiciales, decretos, proyectos, bonos verdes, cursos, redes y cooperación internacional activos. Lo que falta es articular estos elementos en una visión país.
La pregunta ya no es si Bolivia debería hablar de financiación climática. La pregunta es si Bolivia quiere usarla estratégicamente para enfrentar su crisis de deforestación y su desafío de desarrollo.
Sin una estrategia económica para conservar, la deforestación seguirá siendo racional. Con una estrategia económica para conservar, la protección de los bosques puede empezar a ser también una decisión rentable.
