Pablo Pinell
Economista, especializado en Gestión Pública y Finanzas Verdes
En los últimos años, Bolivia ha transitado un nuevo camino en materia de financiamiento climático y mercados de carbono. No ha sido un proceso lineal ni exento de tensiones, pero dejó aprendizajes relevantes. El cierre del anterior ciclo de gobierno combinó avances normativos con anuncios ambiciosos que colocaron al carbono en el centro del debate económico y de política pública.
Entre 2024 y 2025 se construyó un marco normativo mediante la aprobación de decretos y resoluciones que reconocen al carbono como un activo, establecen registros nacionales, refuerzan el rol del Estado en la autorización y control de las transacciones y vinculan el financiamiento climático con la política económica y fiscal. Desde el punto de vista jurídico, Bolivia dejó atrás una etapa de indefinición y definió una arquitectura básica que, al menos en teoría, permitiría interactuar con mercados internacionales.
El principal desafío, sin embargo, no estuvo en la norma en sí, sino en la brecha entre el discurso climático y las políticas aplicadas en el territorio. Mientras se anunciaban metas ambiciosas de mitigación y se hablaba de convertir al país en un proveedor relevante de créditos de carbono, se mantuvieron instrumentos que flexibilizaron el uso del suelo y facilitaron la expansión de la frontera agrícola. La ausencia de una política sostenida de conservación forestal se manifestó en incendios y procesos de deforestación de gran escala, con afectaciones sobre millones de hectáreas. Esta situación terminó erosionando la credibilidad internacional del país, un factor determinante para el acceso a esquemas serios de financiamiento climático.
En ese contexto se anunciaron metas particularmente ambiciosas, como la posibilidad de colocar hasta 250 millones de toneladas de CO₂ ligadas a la conservación de millones de hectáreas para recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares, como fuente alternativa para la captación de reservas internacionales, mediante créditos o bonos de carbono “soberanos”. Más allá del impacto comunicacional, no existía información pública suficiente que demostrara la viabilidad técnica e institucional de una operación de esa magnitud. En mercados de carbono, donde la integridad ambiental, la trazabilidad y la confianza son determinantes, las expectativas sobredimensionadas suelen generar más dudas que oportunidades.
El enfoque del llamado “carbono soberano” no es, en sí mismo, incorrecto. Agregar reducciones de múltiples fuentes y empaquetarlas como un activo financiero nacional es una herramienta que otros países también exploran. Sin embargo, se trata de un modelo complejo, de implementación gradual y profundamente dependiente de instituciones sólidas, sistemas técnicos robustos y una trayectoria consistente de protección ambiental. No es un mecanismo pensado para obtener divisas de manera rápida ni automática.
En ese mismo marco, al inicio de la actual gestión legislativa se remitió a la Asamblea el Proyecto de Ley 060/2025-2026, orientado a ordenar de forma más sistemática el mercado de carbono en Bolivia. El proyecto establece reglas para la generación, registro, autorización y transferencia de créditos; refuerza el registro nacional; define mecanismos para evitar la doble contabilización; y habilita la participación del país tanto en mercados voluntarios como en los vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París. No obstante, el texto no representa un quiebre con el enfoque previo, sino que se alinea en gran medida con la lógica centralista ya establecida, manteniendo al Estado como actor clave en la supervisión y eventual negociación de los créditos. En ese sentido, profundiza el esquema existente, aportando mayor certeza jurídica, aunque sin resolver plenamente la tensión entre control estatal y dinamismo del sector privado.
Con el cambio de gobierno, el contexto político y económico comienza a mostrar señales distintas. El nuevo Plan de Desarrollo plantea una narrativa más orientada a la apertura hacia los mercados, a la atracción de inversión privada y a una lógica de crecimiento basada en reglas claras y previsibilidad. En ese marco, la financiación climática empieza a perfilarse como una herramienta dentro de una estrategia económica más amplia. Aún está pendiente, sin embargo, conocer con mayor claridad si el Gobierno optará por mantener un enfoque centralista en la gestión y comercialización de los créditos de carbono o si avanzará hacia esquemas más flexibles que faciliten una participación más activa de actores privados e institucionales.
A ello se suma un renovado acompañamiento de la cooperación internacional, tanto técnica como financiera, enfocado en fortalecer capacidades institucionales, mejorar sistemas de medición, reporte y verificación y apoyar el diseño de políticas públicas coherentes en materia de financiamiento climático. Este respaldo puede ser clave para pasar de los anuncios a una implementación más técnica, gradual y creíble.
Persisten, además, definiciones pendientes. Aún no se conoce una posición clara sobre el uso de instrumentos complementarios de financiamiento climático que países vecinos ya están explorando, como los swaps de deuda por naturaleza, los bonos verdes soberanos, la tokenización de activos ambientales o esquemas híbridos público-privados. Estos mecanismos no sustituyen al mercado de carbono, pero pueden fortalecerlo, diversificar fuentes de financiamiento y reducir riesgos.
En última instancia, el desafío de Bolivia en mi criterio, radica en construir coherencia, previsibilidad y confianza. Sin políticas efectivas de conservación de bosques y sin instituciones técnicas ágiles y creíbles, ningún modelo -sea soberano o basado en proyectos- logrará consolidarse.
El momento actual ofrece una oportunidad distinta. Las señales iniciales del Gobierno en materia de estabilidad macroeconómica, fortalecimiento de la transparencia y gestión responsable del riesgo país comienzan a delinear un entorno más favorable para la inversión y la cooperación internacional.
En este nuevo contexto, Bolivia puede redefinir su estrategia de financiamiento climático sobre bases más realistas y creíbles, con mayor participación privada, no como una promesa inmediata de grandes ingresos, sino como una política pública seria, de largo plazo y alineada con lo que ocurre en el territorio. Si esa coherencia se consolida, el financiamiento climático puede convertirse en una herramienta legítima tanto para el desarrollo económico como para la protección de los bosques que sostienen ese valor.
