INVESTIGACIÓN. Según el estudio del Colegio de Ingenieros Agrícolas, están más vinculados a la informalidad y al vacío institucional que a la actividad agropecuaria.
Un estudio elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) identificó que el 75% de los incendios forestales registrados en Santa Cruz durante 2024 ocurrió en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, sin presencia efectiva del Estado. Además, según el estudio, se muestra que una constante de los últimos 15 años es que -luego de los incendios- no se registró un cambio de uso de suelo en las zonas afectadas.
“El incendio no es agropecuario. Es político, social e institucional”, afirmó el ingeniero agrónomo Juvenal Bonilla, presidente del CIAB. Según explicó, las zonas con actividad agropecuaria formalizada presentan los índices más bajos de quemas incontroladas.
El estudio sostiene que Bolivia cuenta con normativa para prevenir y controlar el uso del fuego, pero su aplicación es limitada. “El problema no es la falta de leyes, sino la falta de recursos y voluntad política para hacerlas cumplir”, advirtió Bonilla.
Los autores del estudio recomendaron al Gobierno nacional y a los subnacionales fortalecer el manejo integral del fuego, mejorar la vigilancia en tierras fiscales y garantizar el control efectivo del territorio. Demandan también una mayor transparencia en los procesos de titulación y ocupación.
“Si el 75% de los incendios ocurre en tierras sin regulación, la pregunta no es quién quema, sino por qué nadie controla esas tierras”, concluyó Bonilla, quien convocó a las autoridades a utilizar esta información técnica como base para nuevas estrategias de prevención.
Las bases del estudio
El estudio del CIAB tomó como base la información de la afectación por incendios con la que se contaba hasta noviembre de 2024 y que la marcaba en poco más de 10 millones de hectáreas.
De acuerdo a estos datos, Santa Cruz registró 7,6 millones de hectáreas incendiadas, lo que representa una de cada cinco hectáreas del departamento. A pesar de la magnitud del evento, cabe apuntar que el estudio muestra que una constante de los últimos 15 años es que -luego de los incendios- no se dio un cambio de uso de suelo.
Por ejemplo, después de los incendios de 2019 (4,2 millones de hectáreas) la superficie cultivada creció un 0,45% anual hasta 2024, lo que demuestra una desvinculación entre incendios y expansión agrícola.
El informe destaca que en más del 90% de los casos, en los cuatro años posteriores a los de mayores incendios ocurridos desde 2010, las áreas afectadas paulatinamente retornaron a su cobertura natural, sin que se produzca un cambio de uso de suelo.
“No hay evidencia de que los incendios masivos respondan a la intención de habilitar tierras al cultivo”, remarcó Bonilla.
Mayores afectaciones
Los municipios con mayor recurrencia de incendios –San Matías, Puerto Suárez, Concepción y San Ignacio de Velasco– presentan características comunes: tierras sin saneamiento concluido, ocupaciones irregulares y escasa fiscalización. “Donde no hay Estado, hay incendio. El fuego avanza donde la institucionalidad se retira”, agregó Bonilla.
Además del impacto ambiental, los incendios de 2024 tuvieron efectos directos sobre la salud pública. Se reportaron más de 5.000 casos de enfermedades respiratorias vinculadas a la exposición al humo en provincias cruceñas, de acuerdo con registros médicos departamentales.
El informe también revela que septiembre fue el mes más crítico del año, con miles de focos de calor detectados por imágenes satelitales. Fue el registro más alto desde que se tiene monitoreo digital de incendios.
Los incendios forestales no son un problema exclusivo de Bolivia, señala el estudio. Representan una amenaza global exacerbada por condiciones climáticas extremas como la sequía y fuertes vientos. Estos factores crean un escenario propicio para que los fuegos se propaguen rápidamente hasta ser devastadores que afectan a diversos países.
“La situación en Bolivia es un reflejo de una problemática más amplia que exige soluciones tanto locales como internacionales”, indicó Bonilla.
Buen uso de suelo
“Lo que queremos es que se haga un buen uso suelo, porque es el que soporta los cultivos, al ganado. Estamos haciendo un trabajo sobre la agricultura de procesos hacia una agricultura agroecológica, apuntando a producir más en la misma cantidad de terreno, pero incorporando materia orgánica, el uso de bioinsumos y los cultivos de servicio, entre otras prácticas”, explicó Marcelo Alarcón, vicepresidente del CIAB.
En ese sentido, destacó la adopción de sistemas agroforestales o silvopastoriles. Por ejemplo, indicó que en la Chiquitanía hay ganaderos que están sembrando almendra chiquitana, que permite como alimento para el ganado y para el ser humano.
