CONSERVACIÓN. Exigen respetar y avanzar en la aplicación de la resolución que protege a esta especie y que incluye la vigencia de la pausa ecológica.
Diversas organizaciones exigieron el respeto de un fallo judicial y la protección del jaguar y su hábitat, ante el pedido de diversas instancias del Gobierno, que interpusieron un recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la Resolución SP-TAA 001/2025-AA del Tribunal Agroambiental, que protege a esta emblemática especie.
Los colegios de ingenieros ambientales y forestales, biólogos, además de los colectivos ambientales Alas Chiquitanas, Movimiento en defensa del Valle de Tucabaca y Fundación Ñandé, entregaron un manifiesto público a través del cual expresaron “profunda preocupación y denunciamos públicamente la grave amenaza que enfrenta el jaguar y su hábitat” ante el pedido que busca “anular la resolución agroambiental que protege al jaguar (Panthera onca) y su hábitat, considerando que el principal objetivo institucional de estas instancias es la preservación del patrimonio natural de todos los bolivianos”.
A través del manifiesto, exigieron que el Tribunal Agroambiental mantenga vigente la resolución, que marcó un avance jurídico y ambiental sin precedentes. Además, es preciso fortalecer, mediante acciones legales, técnicas, educativas e interinstitucionales, las medidas de protección del jaguar y su hábitat, garantizando una gestión ambiental efectiva y sostenida.
Las organizaciones demandaron que “el Estado boliviano respete los compromisos ambientales asumidos, mantenga los avances jurídicos logrados en conservación, y garantice el cumplimiento del principio de no regresión, incluyendo la aplicación efectiva de la pausa ecológica, la educación ambiental y la protección de defensores, conforme al Acuerdo de Escazú”, que forman parte del fallo judicial adoptado el pasado 23 de abril.
También pidieron a las autoridades un compromiso real “para priorizar la vida, la biodiversidad y el derecho constitucional a un medioambiente sano” y convocaron a la ciudadanía y diversos sectores de la sociedad civil, además de organizaciones internacionales, “a mantenerse alerta y alzar su voz”.
El pedido de nulidad
El recurso de nulidad fue presentado a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
A través de su pronunciamiento, las organizaciones expresaron que la solicitud de estas entidades, «representa un grave retroceso en los derechos ambientales consagrados en la Constitución Política del Estado (Art. 33) y atenta contra el principio de no regresión, reconocido a nivel internacional, que prohíbe deshacer los avances logrados en conservación, representando una amenaza directa a la biodiversidad, a nuestros bosques, fuentes de agua y, por tanto, al bienestar humano”.
La preocupación es mayor porque el pedido llega en la “antesala de la temporada seca, una época en la que las quemas ilegales y la destrucción de ecosistemas alcanzan niveles impresionantes”. El documento advierte que de esta forma se ponen en riesgo directo áreas protegidas fundamentales como Ñembi Guasu, la Amazonía, el Pantanal boliviano y corredores biológicos vitales.
“El jaguar no es solo un símbolo: es clave para la preservación de la biodiversidad y la salud de nuestros ecosistemas, para que estos provean de servicios ambientales indispensables como la regulación del clima y la disponibilidad de agua limpia. Desprotegerlo significa exponer nuestros bosques y vidas a mayores incendios, deforestación y desequilibrios irreversibles”, afirmaron.
Naturaleza frágil
Además, el pedido llega en un contexto de fragilidad de diversos ecosistemas, luego de que en 2024 los incendios forestales afectarán 12,6 millones de hectáreas, de acuerdo a las cifras oficiales del Gobierno.
Por ello, es urgente “reforzar las estrategias de protección y no abrirse a procesos que habiliten la conversión de uso de suelo sin considerar el incumplimiento de la Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS), especialmente en el departamento de Santa Cruz. La conversión de áreas a otros usos sin control, como se ha venido dando, contribuye al deterioro ambiental y vulnera los instrumentos de planificación territorial”.
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