IGUALDAD. Hay avances concretos con impacto directo en la vida de miles de mujeres en el país. Las alianzas han sido fundamentales para avanzar en este proceso.
Bolivia registra avances concretos en igualdad de género en los últimos cinco años, con impactos directos en servicios, autonomía económica y fortalecimiento institucional, de acuerdo con la rendición de cuentas 2020–2026 de ONU Mujeres.
El informe, presentado en un evento inaugurado por el canciller Fernando Aramayo, evidencia el alcance de una estrategia basada en alianzas entre el Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado.
En la actualidad, cerca de 940.000 mujeres acceden a servicios frente a la violencia, mientras que 85.000 cuentan con servicios de cuidado infantil, un factor clave para su autonomía económica. A nivel territorial, 92 municipios implementan protocolos inclusivos que incorporan a mujeres con discapacidad, marcando avances en políticas más integrales.
En paralelo, más de 12.000 mujeres han fortalecido sus capacidades y autonomía a través de distintos programas, reflejando un impacto directo en sus trayectorias personales y laborales.
En el ámbito económico, más de 380 unidades productivas lideradas por mujeres han incrementado su productividad e ingresos, mientras que 300 recicladoras han mejorado sus condiciones laborales, en un sector históricamente precarizado.
En el plano institucional, Bolivia avanzó en el desarrollo de marcos normativos clave, como la adopción del Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad (2025), junto con el fortalecimiento de leyes locales orientadas a prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Durante la presentación, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, enfatizó que los resultados alcanzados responden a un proceso colectivo sostenido. Según detalló, más de 150 organizaciones, instituciones del Estado, actores de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional participaron en la construcción de políticas, programas y narrativas orientadas a reducir las brechas de desigualdad.
“Desde ONU Mujeres hemos resonado con más de 150 organizaciones e instituciones, con cientos de personas en espacios de toma de decisiones y con miles de mujeres y hombres que no aceptan una vida que tolere el machismo y su violencia”, afirmó.
Alianza por los derechos
A estos avances se suma el trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, que consolidó una alianza estratégica con ONU Mujeres para fortalecer la protección de derechos en el país. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que esta cooperación ha permitido ampliar el alcance institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a problemáticas estructurales.
Callisaya identificó tres ejes centrales en esta articulación: la promoción de la participación política de las mujeres, la erradicación de la violencia de género y la implementación de mecanismos de prevención y alerta temprana ante conflictos.
En participación política, destacó que a partir del informe “Sin Nosotras No Hay Democracia 2021” se impulsaron acciones concretas contra el acoso y la violencia política, incluyendo la conformación de ocho plataformas departamentales que integran a instituciones como la Policía, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y organizaciones sociales.
En cuanto a la lucha contra la violencia, resaltó la reciente presentación del informe defensorial sobre los 14 años de implementación de la Ley 348, desarrollado con apoyo técnico de ONU Mujeres. “Este informe tiene varias recomendaciones que ahora representan también un reto de trabajo conjunto para su cumplimiento”, señaló.
Alerta temprana
El tercer eje se centra en la prevención de conflictos, donde la implementación de un sistema de alerta temprana -facilitado por ONU Mujeres- ha fortalecido la capacidad de la Defensoría para anticipar y responder a escenarios de conflictividad.
Estos avances institucionales se complementan con la incorporación progresiva del enfoque de igualdad de género en instituciones públicas, gobiernos indígenas y empresas privadas, lo que apunta a cambios de carácter estructural.
Pese a los avances, el informe advierte que persisten desafíos relevantes, especialmente en la transformación de normas sociales y patrones culturales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, un ámbito clave para consolidar una igualdad sustantiva en el país.
