DEFORESTACIÓN. Las autorizaciones de desmontes y quemas se multiplicaron por seis en 12 años; no sucedió lo mismo con los procesos de fiscalización y monitoreo.
Más de medio millón de hectáreas fueron quemadas por fuego intencionado o provocado en Santa Cruz durante 2024; y si el fuego se descontroló, cada una de esas hectáreas ocasionó la afectación de otras 12 por incendios forestales, alcanzando a 7,88 millones de hectáreas. En estos casos, el fuego fue generado por personas con conocimiento de causa, y el 66% se registró en zonas sin intervención previa y sin planes de manejo controlado o integral del fuego, en lo que constituyen quemas con mala intención.
Así lo señala el informe «Incendios Forestales 2024. Tras las huellas del fuego», publicado por Fundación Tierra, y que ratifica que en todo el país se devastaron 12,6 millones de hectáreas, entre bosques y pastizales, por efecto de los incendios forestales.
«Estos fueron el resultado inevitable del uso irracional y desmedido del fuego, incumpliendo las mínimas prácticas de uso y manejo planificado de las quemas y técnicas de prevención y monitoreo para minimizar los daños sobre los bosques circundantes a las áreas de intervención humana», señala el documento, enfatizando que «las autorizaciones de desmontes y quemas otorgadas por las autoridades agroambientales se multiplicaron por seis en los últimos 12 años, pero los procesos de fiscalización y monitoreo no crecieron de forma proporcional».
Ante el riesgo de que esto se repita, Fundación Tierra hizo una serie de recomendaciones que incluye el pasar de quemas malintencionadas a quemas controladas o planificadas, trabajar en la prevención focalizada en zonas estratégicas, realizar auditorías y rendiciones públicas sobre los asentamientos de comunidades en tierras fiscales.
Acciones urgentes
Santa Cruz fue el departamento más afectado, con más de 8,5 millones de hectáreas quemadas, de las cuales 7,88 millones fueron alcanzadas por el fuego intencionado o provocado en 586.308 hectáreas, tomando en cuenta el efecto multiplicador del fuego descontrolado. De esa última cantidad, el 66% (385.149) fueron quemas con mala intención (de forma maliciosa) -aquellas que no responden a un uso productivo planificado, sino que son utilizadas para degradar el bosque-; y el 34% (201.159) fueron con fines agropecuarios.
«La mayoría de las quemas se realizaron sin los trabajos preparativos, preventivos, sin habilitar los corredores, que tiene que ser el doble de la altura del monte para que el incendio no se propague», expresó el investigador Gonzalo Colque.
«En muchos casos ni siquiera tuvieron fines agropecuarios, sino el de traficar la tierra. Bosque quemado, con desmonte, con quema, ahora vale mucho más en el mercado de tierras”, afirmó.
Lamentó que en lugar de mitigar los riesgos, actualmente desde el Gobierno se dan señales negativas como la intención de levantar la pausa ambiental con el fin de otorgar permisos y autorizaciones para desmontes y quemas en los meses de mayor riesgo. A esto se suma el decreto supremo 5390, cuya derogación han pedido diversos sectores, y que, entre otros factores, «al impulsar el manejo integral de las áreas forestales, abre la posibilidad de asentamientos y desmontes», expresó.
Colque reiteró la urgencia de tomar acciones preventivas, tomando en cuenta que el fuego suele empezar en junio para llegar a los niveles más altos en agosto y septiembre.
“Es necesario que exista control y fiscalización en terreno, especialmente en zonas estratégicas” y destacó el trabajo que se hizo desde la Gobernación de Santa Cruz entre 2020 y 2021, cuando “el trabajo preventivo hizo que los incendios bajen hasta en un 80% en esos dos años”.
Representación esquemática de los incendios forestales en Bolivia
Zonas más afectadas
El estudio analizó 17 áreas afectadas en Santa Cruz y concluyó que las quemas malintencionadas se concentraron principalmente en zonas como Tuni (65.146 ha afectadas) y Pantanal (50.050 ha). Este tipo de quemas tiene relación estrecha con las prácticas irresponsables de chaqueo, y ausencia de medidas de control y prevención de los incendios, señala el informe.
En áreas como Monte Verde y Guarayos, «el fuego irresponsable guarda relación con los intereses por degradar el bosque año tras año, para así justificar su recalificación o conversión a tierras de uso agropecuario».
La Fundación Tierra señala en su informe que «cada hectárea de quema intencionada provocó incendios forestales que en promedio cubrieron una extensión de 12 hectáreas», lo que confirma su alto poder de destrucción. Las zonas más afectadas por este “efecto multiplicador” se ubican en San Matías, el Bajo Paraguá y el Pantanal boliviano.
Quemas agropecuarias sin manejo técnico
Aunque las quemas agropecuarias tienen una motivación productiva -como la preparación de campos para monocultivos-, también representan un riesgo considerable. Áreas como el Bajo Paraguá, El Tunas y sectores dispersos del centro de Santa Cruz fueron señaladas como puntos críticos, debido a la escasa adopción de técnicas de manejo integrado del fuego y la falta de preparación previa de los terrenos.
La persistencia de estas prácticas, sumada a condiciones climáticas extremas como la sequía y los vientos cálidos, convierte a Santa Cruz en una región altamente vulnerable a los incendios de gran escala.
12,6 millones de ha devastadas en Bolivia
A nivel nacional se perdieron 12,6 millones de hectáreas, confirmó la Fundación Tierra. «Es la cifra más alta de la historia boliviana, superando lo ocurrido el año 2019 cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas a nivel nacional», expresó el investigador Colque.
El año pasado, la Fundación Tierra había reportado 10 millones de hectáreas quemadas solo hasta septiembre, pero la contabilización total arroja la cifra de 12,6 millones de hectáreas devastadas, dato que concuerda con un reporte de la Defensoría del Pueblo, con base en información del Ministerio de Medio Ambiente.
Las regiones más afectadas son Santa Cruz, con 8,5 millones de hectáreas quemadas que representan el 68% del área afectada a nivel nacional; seguida por Beni, donde se afectaron 3,4 millones de hectáreas que equivalen al 28% del total nacional. Ambos departamentos suman el 96% del área quemada en todo el país.
Al respecto, el director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, sostuvo que la lucha efectiva en contra de los incendios forestales en el país es uno de los principales desafíos a futuro, pero no se está logrando encarar ese desafío de forma apropiada.
Sin embargo, «no ha habido un consenso en la Asamblea Legislativa para derogar el paquete normativo incendiario, no se ha planteado una nueva ley que encare el tema de incendios y las demandas de sectores no son escuchadas por el Estado y no podemos seguir así», expresó en declaraciones que registró Sumando Voces.
23 años de incendios
Desde 2001, el mínimo anual de hectáreas quemadas es de 478 mil (2009) y el máximo es de 12,6 millones en 2024. Otro pico se registró en 2009, con 5,3 millones de hectáreas quemadas.
Los responsables
El informe identifica a cuatro grupos específicos que, de manera directa o indirecta, facilitaron la catástrofe ambiental:
- Asentamientos ilegales en áreas protegidas: ocupantes irregulares que, bajo la figura de comunidades campesinas, indígenas o interculturales, ingresaron a zonas donde está prohibida la actividad agropecuaria.
- Ocupantes ilegales en territorios indígenas: actores externos que, mediante acuerdos informales con algunas dirigencias, controlan grandes extensiones dentro de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), vulnerando derechos constitucionales.
- Empresas agropecuarias legales con prácticas ilegales: medianas y grandes propiedades tituladas que convierten ilegalmente bosques en áreas de monocultivo, particularmente de soya, empujadas por la alta rentabilidad de este producto.
- Comunidades en tierras fiscales: asentamientos que inicialmente se comprometieron a implementar sistemas agroforestales, pero que terminaron obteniendo permisos para desmontes masivos, replicando el modelo de monocultivos.
Recomendaciones
La Fundación Tierra incluyó las siguientes recomendaciones para evitar que la tragedia de 2024 vuelva a repetirse:
- Transitar de quemas malintencionadas a quemas controladas o planificadas.
- Intervención preventiva y focalizada en zonas neurálgicas o estratégicas, tomando en cuenta que los principales puntos de origen de fuego son relativamente pocos y están concentrados en zonas conocidas y accesibles.
- Auditoría técnica y legal de las autorizaciones de desmontes en zonas de bosques protegidos y tierras ganaderas.
- Rendición públicas de cuentas sobre los asentamientos de comunidades en tierras fiscales.
- Verificación de asentamientos y mercados irregulares de tierras dentro de las TCO o territorios indígenas.
- Zonificación de la agricultura mecanizada.
