MEDIOAMBIENTE. Los especialistas alertan el riesgo para los bosques, que han sido bastante afectados por los incendios.
La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz (SIB-SC) se sumó al pedido de derogación inmediata del Decreto Supremo 5390, al considerar que la norma pone en riesgo directo la integridad de las reservas forestales del país. Un pedido que también hizo Alas Chiquitanas y otras organizaciones.
“Estamos alarmados ante este decreto abre la puerta legal al desmonte y al cambio de uso de suelo en territorios que por ley están destinados a la conservación productiva y restauración de bosques”, afirmó el presidente de la SIB-SC, Rolando Mancilla.
De esta forma, aumenta la demanda de derogación que el fin de semana hizo inicialmente el Colegio de Ingenieros Forestales, aseverando que la norma viabiliza desmontes y el avasallamiento de tierras, poniendo en riesgo la integridad de las Reservas Forestales del país al habilitar instrumentos que permiten desmontes, el cambio de uso de suelo y la apropiación irregular de tierras fiscales.
Contradicciones
Mancilla reiteró que el decreto supremo se contradice abiertamente con la Ley Forestal 1700, el Decreto Supremo 24453, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que Bolivia ha suscrito, como el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica al incentivar los avasallamientos masivos y fomentar la apropiación irregular de tierras fiscales legalizando instrumentos que permiten asentamientos ilegales y actividades agropecuarias en zonas de protección ambiental.
“Las reservas forestales no pueden ser tratadas como simples tierras baldías. Son patrimonio ambiental del país, clave para la regulación hídrica, el equilibrio climático y la conservación de biodiversidad. Su transformación en tierras agrícolas pone en jaque no solo al ecosistema, sino también a las generaciones futuras”, advirtió el presidente de la SIB-SC.
La Sociedad de Ingenieros hizo un llamado a la ciudadanía, las instituciones académicas, ambientales y a los poderes del Estado a unirse en la defensa técnica y ética de los recursos forestales del país. “Es urgente detener esta norma antes de que provoque daños irreversibles. El desarrollo sostenible exige coherencia, no retrocesos”, finalizó.
Recursos hídricos en riesgo
Por su parte, la presidenta del Colegio de Ingenieros Forestales, Viviana Molina, aseveró que «profesional que le ponga la firma» a cualquier instrumento legal que viabilice el cambio de suelo, tanto a nivel de autoridad como profesional, «tienen que ser procesados por violar todas las leyes que se han mencionado».
Marina Padilla, presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales, recordó las pérdidas de biodiversidad que sufrió el país en 2024 con los incendios forestales, lo que también ha impactado en los recursos hídricos. Adita Montaño, presidenta del Colegio de Biólogos, reiteró que esta norma puede ser un lamentable precedente para que se viabilicen asentamientos en zonas que son fundamentales por los servicios ambientales que brindan.
En declaraciones previas, Molina enfatizó que «las reservas forestales son tierras fiscales de dominio público, que están bajo administración forestal estatal».
«Una reserva forestal es igual que un pozo petrolero, es un patrimonio del Estado. El Estado jamás permitiría un avasallamiento, que se tome un pozo petrolero y se lo adjudique de manera ilegal. Tendríamos que tener la misma figura con los bosques, con las diez reservas forestales que tiene el país”, aseveró Molina.
Reiteró que el decreto vulnera diversas normas e intenta “reescribir” las competencias y “la realidad institucional por omisiones pasadas”, lo que dejaría en la impunidad los avasallamientos que han sido denunciados ante la ABT.
Alas Chiquitanas
A través de sus redes sociales, el movimiento Alas Chiquitanas denunció que el cuestionado decreto también pone en el hábitat del jaguar y los derechos ambientales de todos los bolivianos, agregando que «fue aprobado sin consulta previa, libre e informada, sobre mecanismos que pueden atentar contra el patrimonio del pueblo boliviano».
La organización recordó que la Constitución Política del Estado «reconoce al patrimonio natural como estratégico y ordena al Estado garantizar su conservación, uso sostenible y restauración». Además, reiteró que «las Reservas Forestales no solo son esenciales para el agua y el clima, también forman parte de las Unidades de Conservación y Corredores biológicos del jaguar, especie protegida por el Plan Jaguar 2030, compromiso internacional asumido por Bolivia».
La norma estaría yendo en contra de la resolución que el Tribunal Agroambiental dictó en abril y que ordenó una Pausa Ecológica Nacional inmediata para frenar quemas como también actividades antrópicas extractivas y así proteger el hábitat del jaguar.
Destrucción y peligro
Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el 60% de la superficie afectada corresponde a ecosistemas boscosos, lo que representa 7,6 millones de hectáreas de bosque perdido.
Las investigaciones determinaron que los incendios tuvieron un origen predominantemente intencional: el 66% fueron clasificados como quemas malintencionadas y el 34% restante como quemas agropecuarias no controladas.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) aseveró que «la emergencia no es solo ambiental, es también humana y cultural», frente al daño que provocan los incenedios. «Pueblos como los chiquitanos, guarayos, ayoreos y mojeños, los cavineños, chácobo y tsimane´, enfrentan la pérdida de sus bosques, medios de vida y saberes ancestrales», indicó.
