FORO. El país debe brindar un entorno legal y fiscal adecuado para atraer inversiones. Avanzar en eficiencia energética es esencial en este proceso.
La transición energética en Bolivia es un proceso que demandará tiempo y que requiere normas legales que incentiven la inversión y el uso de energías limpias, además alianzas público-privadas. El proceso también requiere avanzar en el uso eficiente de los recursos energéticos -en especial de la electricidad- y con el gas como combustible necesario para avanzar progresivamente hacia el cambio de matriz, tomando en cuenta que genera el 70% de la electricidad que el país demanda.
Estas fueron parte de las conclusiones del Foro de Transición Energética: Rutas y Desafíos para Bolivia, que reunió a expertos, empresarios y representantes del sector público y la cooperación internacional, con el objetivo de analizar el camino que debe recorrer el país hacia una matriz energética más sostenible y limpia.
Los diferentes paneles analizaron el rol del gas, las tendencias globales en materia de transición energética, experiencias exitosas en países de la región, el financiamiento y la innovación que se está desarrollando a través de startups lideradas por jóvenes.
El gas es necesario
En este escenario, el director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Enzo Michel, reiteró la necesidad de generar un marco normativo que viabilice las inversiones y, por ende, la reposición de reservas y el incremento de la producción. Expresó que “el gas es el vector fundamental de la economía del país, tenemos mucho potencial, pero es necesario dar condiciones” para el desarrollo de los proyectos.
Hoy las reservas son de alrededor de 4,5 TCFs, y la caída de producción continuará si no hay nuevas inversiones, lo que incide en los ingresos por exportación, mientras el mercado interno aumenta su demanda, indicó. Las proyecciones señalan que entre 2028 y 2030, el país podría tener la necesidad de importar gas, por lo cual se requieren acciones urgentes en el corto, mediano y largo plazo.
El primer paso sería la modificación de la Ley de Incentivos (767) que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero luego es preciso revisar el régimen fiscal y, en el largo plazo, modificar la actual Ley de Hidrocarburos.
Complementariedad
El presidente de la Comisión de Energía y Medioambiente del ICC, José María González, enfatizó que el gas es complementario a las energías renovables ante posibles intermitencias; es el combustible fósil menos contaminante, pues emite un 42 y 24% de dióxido de carbono, con relación al carbón y al petróleo, respectivamente; y su precio internacional es menos volátil.
Fernando Aramayo, especialista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresó la necesidad de avanzar hacia una transición energética justa e impulsar el desarrollo sostenible. Precisó que el escenario actual es muy complejo, con una contracción de los ingresos por la venta de gas y el incremento de los subsidios, que “no sólo es un gasto, sino que reducen los fondos para otras áreas”.
Indicó que dar viabilidad a la transición energética impone desafíos institucionales y fiscales. En ese sentido, precisó que faltan incentivos para la inversión en energías renovables y la rigidez del sistema tributario, dificulta diversificar la matriz.
Además, se requiere una reforma fiscal y un marco regulatorio que atraiga la inversión privada y garantice la seguridad jurídica. Por ello, enfatizó que una transición energética justa requiere un enfoque integral de economía política y demanda una transición fiscal. A esto se suma la necesidad de transparencia y colaboración, enfatizando que el proceso no es exclusividad de un sector.
Proceso paulatino
En otra de las exposiciones, Edwin Malagón, especialista senior en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expresó que la transición energética no se dará de un día para otro, y un elemento esencial es avanzar en la eficiencia. En ese sentido, dijo que en varios países se están desarrollando acciones para lograr más eficiencia y reducir las emisiones.
Por ejemplo, citó el caso de un sistema en Argentina donde se eliminó el uso de diésel para la generación eléctrica a través de su incorporación al sistema de distribución. El costo, de aproximadamente 30 millones de dólares, retorna en mayores beneficios y menos emisiones.
Malagón coincidió en la necesidad de establecer alianzas público-privada, citando ejemplos como el de Uruguay, donde se han desarrollado diferentes modelos de asociatividad para proyectos eólicos.
“Es necesario abrir espacio a todos, generar condiciones para la inversión privada, para lograr acelerar un proceso sin dejar a nadie afuera”, aseveró.
Edwin Malagón, del BID, explicó que el proceso es paulatino y mostró algunas experiencias exitosas en la región.
Avances desde la industria
Claus-Bernhardt Johst, coordinador del Programa Pro Transición de la cooperación alemana, aseveró que el país debe avanzar hacia la transición total, pues es preciso reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero y las acciones deben contribuir al logro de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) que se definen a nivel de país y donde un elemento importante es aumentar la capacidad de generación eléctrica a través de renovables.
Agregó que es necesario ir reduciendo la dependencia de un solo recurso, que es no renovable, como el gas natural, además de los riesgos que existen en el país para garantizar la sostenibilidad y el acceso equitativo a los servicios de electricidad.
Desde Pro Transición, se promueve la reducción de los costos de producción, la mejora de la competitividad, acceso a financiamiento verde, innovación tecnológica, desarrollo de nuevas capacidades y reducción del impacto ambiental, entre otras acciones para fomentar una transición justa.
También es importante fomentar la eficiencia energética, que es hacer lo mismo con menos energía, algo en lo que ya están trabajando varias empresas del país, como Aguaí, Soboce, Solaria y Datec. El país requiere un plan eléctrico que debe ejecutarse en conjunto con el sector privado, afirmó el gerente general de Aguaí Energía.
Otro tema importante es la incorporación de tecnología, inteligencia artificial y la digitalización, para lograr un manejo más eficiente de los sistemas eléctricos.
Innovación
Un espacio especial fue el que tuvieron cuatro startups lideradas por jóvenes y que están impulsando proyectos que buscan democratizar el acceso a la energía eólica, la electromovilidad, impulsar el uso de biocombustibles y convertir desechos orgánicos en energía.
Los CEOs de Eolic, Mobi Latam, Eflex Fuel Bolivia y Uneco Energy compartieron sus experiencias, que comparten un propósito común: buscar soluciones a problemas reales e impactar de manera positiva en el medio ambiente.
Enfatizaron en la necesidad de generar mayor colaboración y alianzas para impulsar la investigación e innovación, mejorar el acceso a financiamiento -tanto para los proyectos como para la comercialización de productos y servicios-, desarrollar los sistemas de patentes, ver la generación de esas soluciones como inversión en el mediano y largo plazo, además de desarrollar normas claras que incentiven, por ejemplo, prácticas ligadas a la valorización de los residuos o a la economía circular.
Cuatro startups mostraron el trabajo que están desarrollando en áreas como electromovilidad, biocombustibles, energía eólica y biogás.
